Media sanción para el Día de la Batalla de El Tala y la emergencia en salud mental policial
Diputados aprobó sumar al calendario el Día de la Batalla de El Tala y declaró por dos años la emergencia en salud mental para el personal de seguridad.
21 de octubre de 2026 - 16:48
En la decimoséptima sesión ordinaria, conducida por Paola Fedeli, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a dos proyectos de ley: una por la cual se incorpora al calendario provincial el Día de la Batalla de El Tala, al cumplirse 200 años del enfrentamiento ocurrido el 27 de octubre de 1826; y la otra, la declaración de la emergencia en salud mental y prevención del suicidio para el personal policial y penitenciario. La primera iniciativa busca recuperar un episodio de la historia regional y promover su enseñanza, mientras que la segunda apunta a fortalecer la atención psicológica, garantizar la confidencialidad de quienes soliciten asistencia y extender las acciones de prevención a todos los departamentos de la provincia.
La Batalla de El Tala, en el calendario provincial
Con media sanción, la Cámara aprobó el proyecto de la diputada Natalia Ponferrada (FT), que instituye el 27 de octubre como el Día de la Batalla de El Tala (en los límites entre Tucumán y Catamarca, actual jurisdicción de Los Altos), en conmemoración del enfrentamiento ocurrido en 1826 entre las fuerzas federales de Facundo Quiroga y las tropas unitarias de Gregorio Aráoz de Lamadrid, en el marco de las guerras civiles argentinas. La iniciativa propone incorporar la fecha al calendario provincial y promover su conocimiento, especialmente en las escuelas, al cumplirse 200 años del acontecimiento.
Al presentar la propuesta, Ponferrada advirtió sobre el escaso conocimiento que existe acerca de este episodio histórico, pese a su importancia para la provincia y para el proceso de organización nacional. “Estamos a muy pocos días de conmemorar el bicentenario de este suceso, hecho que creo, es poco conocido por los catamarqueños”, señaló. La legisladora explicó que la batalla estuvo vinculada con las disputas políticas entre las provincias y los conflictos que marcaron la organización del país durante el siglo XIX.
Para fundamentar el proyecto, recurrió a bibliografía histórica y documentos sobre el enfrentamiento, que permiten reconstruir tanto su desarrollo militar como sus consecuencias sociales. En ese sentido, sostuvo que la conmemoración no debe limitarse al recuerdo del combate, sino también contribuir a comprender el impacto de las guerras civiles sobre las comunidades y las familias. “Recordar y evocar esta fecha nos interpela a pensarnos como provincia y región en un escenario de guerra, de enfrentamiento entre comprovincianos y todo lo que eso implica para una sociedad”, expresó.
La iniciativa se vincula con el trabajo de la comisión promotora del Bicentenario de la Batalla de El Tala, conformada en julio en Los Altos, con participación de instituciones, historiadores, docentes y representantes locales. El objetivo es recuperar la memoria de este acontecimiento y fortalecer su difusión. “El Tala no es sólo una batalla, es el testimonio de la lucha federal en el norte argentino”, afirmó Ponferrada, al solicitar el acompañamiento de sus pares e invitar a participar de las actividades conmemorativas previstas para el 27 de octubre en la localidad de El Tala, Los Altos.
Emergencia en salud mental para policías y penitenciarios
Por otra parte, tras una votación nominal con 37 acompañamientos, Diputados otorgó media sanción al proyecto presentado por el legislador Javier Galán (MID), que declara por dos años la emergencia en materia de salud mental y prevención del suicidio para el personal de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario. La propuesta busca fortalecer los servicios de atención existentes, establecer mecanismos de acompañamiento y garantizar que quienes necesiten asistencia psicológica puedan acceder a ella sin temor a sufrir consecuencias laborales por pedir ayuda.
Al fundamentar la iniciativa, Galán puso el foco en las condiciones en las que trabajan los integrantes de las fuerzas de seguridad, expuestos a situaciones de violencia, emergencias y hechos traumáticos, además de las exigencias propias de sus funciones y las dificultades personales y económicas que pueden atravesar. “Este proyecto parte de una idea sencilla: quien cuida a la sociedad también necesita que el Estado lo cuide”, expresó el diputado, al señalar que detrás de cada uniforme hay una persona y una familia que también necesitan acompañamiento.
El legislador aclaró que la propuesta no pretende establecer nuevos mecanismos de sanción ni sumar controles sobre el personal, sino facilitar el acceso a una atención profesional que sea gratuita, confidencial y accesible. En particular, advirtió que el temor a posibles consecuencias en la carrera laboral puede convertirse en una barrera para quienes necesitan asistencia psicológica. “No estamos proponiendo más castigos ni más controles, estamos proponiendo que pedir asistencia psicológica sea posible, que sea gratuita, que sea confidencial y que no signifique por sí solo una sanción ni un perjuicio profesional”, afirmó.
El proyecto establece que, durante el período de emergencia, el Ejecutivo deberá elaborar un diagnóstico de la situación y un plan para fortalecer la atención en salud mental. Para ello, fija un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley y contempla expresamente la cobertura de los departamentos del interior, con el objetivo de que las medidas no queden concentradas en la Capital. Según detalló, se busca coordinar y reforzar los recursos disponibles, en lugar de crear estructuras burocráticas que dupliquen las funciones de los servicios existentes. También prevé acompañamiento ante situaciones críticas y para las familias que atraviesen el fallecimiento de un integrante de las fuerzas.
Otro de los puntos abordados es la identificación de factores laborales de riesgo, junto con la prevención de la violencia y el acoso en los ámbitos de trabajo. El texto contempla, además, que las decisiones sanitarias puedan fundamentar restricciones temporales a la portación del arma cuando corresponda, respetando los regímenes policiales y penitenciarios y las evaluaciones de aptitud previstas en la legislación vigente. La propuesta incluye mecanismos de seguimiento institucional: durante la emergencia, el Ejecutivo deberá informar semestralmente a la Legislatura sobre los recursos destinados, las coberturas alcanzadas, las acciones desarrolladas y los presupuestos involucrados. De esta manera, se busca que las medidas puedan ser evaluadas y que exista información periódica sobre su implementación.
