El candidato expuso en el Senado y replicó sin fisuras preguntas de la oposición dialoguista y del bloque K, que buscó sin éxito unirlo a intenciones judiciales, de género y sobre sesgos partidarios.
El catedrático y candidato a la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla, defendió este miércoles en el Senado su pliego al máximo tribunal de justicia de la Nación. El postulante revalidó su amplia experiencia académica y respondió un frondoso cuestionario realizado por la oposición dialoguista -radicales, en particular- y del kirchnerismo, que buscó sin éxito unir al postulante a intenciones políticas, de género, judiciales y sobre sesgos partidarios.
La audiencia pública de García-Mansilla fue realizada por la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro). Al igual que con el otro candidato a la Corte Suprema y juez federal, Ariel Lijo, el encuentro se consumó sin problemas y con un virtuoso manejo de los tiempos y formas por la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires.
Varias definiciones importantes de García-Mansilla ocurrieron por la tarde. En el Salón Azul del Senado, el cristinista Oscar Parrilli deslizó un potencial sesgo antiperonista del postulante. Sobre esto, el catedrático recordó sus críticas en diferentes artículos y publicaciones a la proscripción de dicho partido, así como a la prohibición de simbología justicialista. “A lo mejor no le interesó eso, o el título no era sugestivo. Los títulos no los elijo yo”, dijo, y sumó a todo esto las observaciones que hizo sobre proyectos radicales, lo cual no implicaba tener “un sesgo anti radical”.
Ante una pregunta por la relación laboral con una cámara de hidrocarburos, García-Mansilla dejó en claro que cumplirá a “rajatabla” con las normas de recusación. “Lo haré sin ningún tipo de problema”, enfatizó. También fue clave lo que opinó sobre el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 del Gobierno libertario, que desregula la economía: aseguró que no puede “opinar en particular sobre un DNU que está siendo judicializado” y que aplicaría “el mismo criterio” explicado más temprano, que lo presumiría “inconstitucional”, aunque destacó que “el Estado tendría que acreditar que estaban las condiciones para poder considerar válido” dicho mecanismo.
En cuanto a las encuestas sobre la mala imagen de la justicia, el postulante aseveró que existen “problemas sistémicos que requieren soluciones sistémicas”, que el “poder judicial interfiere muchas veces con buena intención, pero a veces termina prometiendo más de lo que puede dar y se termina deslegitimando”.
Sobre el proyecto del kirchnerismo senatorial para que el Presidente sea quien más gane en el Estado, opinó que “si implica una reducción del salario de los jueces de la Corte, tendría un obstáculo en el artículo 110 de la Constitución Nacional, que establece que no se pueden reducir los salarios de los jueces”.
Cerca del final de las preguntas de Parrilli, García-Mansilla respondió sobre tributar Ganancias, momento en el que resaltó que desde hace largos años trabaja en el ámbito privado y que no sólo ya lo paga, sino que no tiene “ningún inconveniente” en continuar con el pago de dicho impuesto.
Después del acto empujado ayer por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, donde se comprometió a empujar la reapertura de “todas las causas de víctimas del terrorismo”, la también cristinista Juliana di Tullio demandó precisiones sobre delitos cometidos en la década de los 70. “¿Son prescriptibles?”, preguntó. “Entiendo que sí”, indicó García-Mansilla.
Seguido a ello, quiso conocer la visión del postulante sobre una potencial ley relacionada con tipificar el delito de negacionismo. “Me hace una pregunta complicada”, expresó el candidato. Y agregó: “Nuestro sistema constitucional tiene una protección muy robusta de la libertad de expresión. Hay delitos que se tipifican en países europeos que tienen una concepción distinta de la libertad de expresión”.
Por otra parte, García-Mansilla enfatizó: “Tengo sangre judía, entiendo perfectamente bien lo que es el genocidio y el negacionismo en otro contexto. Desde lo jurídico, la protección a libertad de expresión es muy robusta. El Congreso estaría sancionando una ley y habría que ver el detalle, que podría llegar a colisionar. Algunas de las expresiones podrían implicar un delito; otras, tal vez, no”.
En medio de desmanes entre grupos de jubilados y fuerzas de seguridad ocurridos en las cercanías del Congreso, Di Tullio quiso saber qué pensaba García-Mansilla sobre el protocolo anti piquete. “No puedo adelantar mi opinión sobre si es constitucional o no esta medida. Le marco que el derecho a la protesta es constitucional y puede ser objeto de regulación, que debe ser razonable”, aseveró.