El jefe de Gabinete rechazó acuerdos con privados entre el Presidente y el empresario y cuestionó versiones basadas en filtraciones judiciales no verificadas.
En su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó que el presidente Javier Milei haya suscripto acuerdos con el empresario Hayden Mark Davis en el marco del proyecto de la criptomoneda Libra y cuestionó la validez de versiones difundidas a partir de supuestas filtraciones del expediente judicial.
La respuesta oficial, incluida en el “Informe 145” enviado al Congreso minutos antes de su exposición, forma parte de una de las más de 2100 preguntas que los bloques parlamentarios elevaron al Ejecutivo. Allí, la Jefatura de Gabinete sostuvo que “en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existen constancias de ningún instrumento” entre autoridades nacionales y Davis, el empresario Mauricio Novelli u otras firmas asociadas al proyecto.
El documento también descarta la existencia de borradores, cartas de intención o memorandos vinculados a eventuales acuerdos en materia de activos digitales. “Igual respuesta cabe respecto de la existencia de memorandos, borradores o mensajes que aludan a pagos, honorarios, comisiones, contraprestaciones o beneficios económicos”, señala el texto.
En ese marco, el Gobierno apuntó contra el origen de parte de las consultas parlamentarias. Según la respuesta oficial, varias preguntas “se fundan exclusivamente en informaciones periodísticas derivadas de supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”. Y agrega: “No es procedente que el Poder Ejecutivo Nacional formule respuestas oficiales sobre la base de material de origen incierto”.
Adorni sostuvo además que una porción relevante de la información solicitada se encuentra bajo reserva judicial. La causa vinculada al criptoactivo $LIBRA —identificada como N° 574/2025— tramita en el fuero criminal y correccional federal, por lo que su divulgación podría “comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.
En relación con posibles pagos o beneficios a funcionarios, el informe es terminante. “En los registros y documentos de la Administración Pública Nacional no existe información que acredite tales extremos”, afirma. La misma respuesta se aplica a versiones sobre transferencias, honorarios o contraprestaciones ligadas a reuniones o gestiones vinculadas al proyecto.
Tampoco hay datos oficiales, según el Ejecutivo, sobre eventuales comunicaciones entre funcionarios y empresarios en fechas clave del lanzamiento del token. “En los organismos de la Administración Pública Nacional no se dispone de información institucional al respecto”, indica el texto, que remite cualquier precisión al ámbito judicial.
El informe sí enumera las medidas adoptadas tras el episodio. Entre ellas, la creación de una Unidad de Tareas de Investigación mediante el Decreto 114/25 y la intervención de la Oficina Anticorrupción, que inició actuaciones de oficio el 18 de febrero de 2025 y luego remitió documentación a la Fiscalía Federal N° 3. También se menciona una investigación de la Comisión Nacional de Valores, que fue archivada el 16 de abril de ese año tras “agotarse” las tareas de análisis.
En cuanto a las reuniones mantenidas en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos con personas luego vinculadas al caso, el Gobierno señaló que fueron registradas conforme a la normativa de acceso a la información pública y que ya fueron difundidas.
El texto oficial insiste en delimitar el alcance de las respuestas. Frente a preguntas sobre conductas personales de funcionarios —incluida la actuación previa de Adorni como vocero presidencial—, la Jefatura de Gabinete sostiene que se trata de aspectos ajenos a las funciones previstas en la Constitución para su cargo actual.
Sobre la naturaleza del proyecto, el Ejecutivo remarca que Libra fue presentado como una iniciativa privada. En ese sentido, afirma que el Estado no avaló ni garantizó su funcionamiento ni sus promesas, y que no dispone de información institucional sobre el supuesto mecanismo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas que habría promocionado el criptoactivo.
Durante su informe de gestión en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó indicadores como la desaceleración de la inflación y la reducción de la pobreza. “Pasamos del 211,4% de inflación al 31,5%”, afirmó, y vinculó esa baja con una mejora en los indicadores sociales: “La baja de la inflación tuvo su correlación con la baja de la pobreza: dio 28,2 %, está en su nivel más bajo en siete años”.
En ese contexto, también cuestionó a quienes ponen en duda las cifras oficiales. “Para aquellos que ahora cuestionan los datos de pobreza, me gustaría recordarles que hasta no hace mucho tiempo hubo un gobierno que intervino el INDEC y dejó de publicar los datos porque decían que medir la pobreza era estigmatizante”, expresó.
Al iniciar su exposición, Adorni trazó un diagnóstico crítico de la situación heredada: “En 2023 la Argentina como país no tenía ningún futuro. Contra este destino nefasto luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie”.
“Estamos devolviendo a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad”, agregó, y aseguró que “la marcha del Gobierno en dos años evidencia resultados contundentes y positivos”.
El funcionario reconoció que aún hay aspectos pendientes y que no todos los indicadores impactan de manera directa en la vida cotidiana, pero atribuyó parte de esa situación a la oposición. “Esto se debe a la operación golpista que el kirchnerismo y la izquierda emplearon en plena campaña electoral”, sostuvo, y luego reforzó: “Fue un golpe sistemático y golpista orquestado por el kirchnerismo”.
“Pasamos la peor parte de la tormenta”, afirmó, al tiempo que remarcó que “hoy el nivel de gasto público es el más bajo de los últimos 10 años”.
En materia de ajuste del Estado, señaló que hay “más de 65 mil empleados menos” y que el ahorro anual supera los 2.505 millones de dólares. “Cada recorte en el Estado es mayor prosperidad futura para los argentinos”, aseguró.
Además, indicó que instruyó a los ministerios a recortar un 2% de sus gastos corrientes y subrayó que el ajuste será sostenido. “Es la primera vez que logramos aprobar un presupuesto con regla fiscal en la historia”, afirmó, y concluyó: “Esto habla no solo de la responsabilidad de esta gestión sino del cambio de época que vivimos los argentinos”.
