El diputado presentó un proyecto para conocer las condiciones de cuidado, los controles judiciales, los recursos disponibles y las medidas para garantizar la restitución de derechos.
El diputado provincial y dirigente de GENERAR, Mamerto Acuña, presentó en la Cámara Baja un proyecto de resolución, mediante el cual solicita al Ejecutivo provincial un informe detallado sobre la situación de niñas, niños y adolescentes alojados en hogares, residencias y otros dispositivos de cuidado alternativo por medidas excepcionales de protección de derechos. La iniciativa excluye a quienes se encuentran bajo el régimen penal juvenil.
El objetivo del proyecto es conocer las condiciones en las que funciona el sistema de protección integral, verificar el cumplimiento de las garantías legales y determinar si las medidas de alojamiento mantienen su carácter excepcional y transitorio, con prioridad en la permanencia o revinculación familiar y comunitaria.
Entre los fundamentos, Acuña señala que la separación del entorno familiar debe ser una medida excepcional, sustentada en una vulneración concreta de derechos y limitada al tiempo estrictamente necesario. En ese sentido, remarca que las dificultades económicas de una familia no pueden justificar por sí solas la institucionalización de un niño o adolescente, por lo que el Estado debe priorizar las políticas de fortalecimiento familiar y las alternativas de cuidado en la familia ampliada o la comunidad.
El pedido de informes contempla una amplia serie de aspectos, entre ellos, la nómina de establecimientos oficiales y conveniados, su capacidad y ocupación, la cantidad de ingresos y egresos, los tiempos de permanencia y los motivos que originaron las medidas. También requiere información sobre el personal disponible, los equipos interdisciplinarios, la infraestructura, el acceso a la salud y la educación, la preservación de los vínculos familiares y los mecanismos de escucha y denuncia frente a posibles situaciones de maltrato o violencia institucional.
Otro de los puntos, está vinculado con el control de legalidad de las medidas excepcionales. El proyecto solicita conocer si se cumplen los plazos establecidos por la Ley Nacional N.º 26.061 para la notificación judicial y la revisión de estas decisiones, así como los fundamentos de las prórrogas y las situaciones en las que pudieran registrarse demoras.
La iniciativa también pone el foco en las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, problemáticas de salud mental o consumos, víctimas de violencia, abuso, trata o explotación, en situación de calle o pertenecientes a pueblos indígenas. En estos casos, requiere precisiones sobre los dispositivos especializados disponibles, las prestaciones pendientes y la articulación entre las áreas de protección social, salud, educación y justicia.
Asimismo, Acuña solicita información sobre los programas de revinculación familiar, acogimiento y acompañamiento al egreso, incluida la implementación de la Ley Nacional N.º 27.364, que establece un programa de acompañamiento para jóvenes sin cuidados parentales. El propósito, es conocer qué recursos y estrategias se implementan para garantizar la continuidad educativa, el acceso al empleo, la vivienda y las redes de apoyo una vez finalizado el alojamiento institucional.
En materia presupuestaria, el pedido incluye el detalle de las partidas correspondientes a 2026, los fondos ejecutados, las transferencias a organizaciones conveniadas, las rendiciones pendientes, las auditorías y las previsiones de financiamiento para 2027.
Acuña, remarca dentro de los fundamentos, que el requerimiento busca determinar si los dispositivos funcionan conforme a los principios de excepcionalidad, temporalidad y restitución de derechos. Cómo sociedad tenemos que que ver por todos nuestros niños, niñas y adolescentes.