Diputados de UxP pidieron la interpelación del ministro de Economía, y de Pedro Lines, nuevo titular del INDEC, por la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor que debía entrar en vigencia en enero de 2026.
Diputados de Fuerza Patria pidieron la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular del INDEC, Pedro Lines, por la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que debía entrar en vigencia en enero de 2026. El proyecto es impulsado por el diputado nacional Nicolás Trotta.
Los legisladores solicitan la presencia de Caputo y Lines para brindar explicaciones sobre la postergación del nuevo IPC elaborado por el INDEC. En la presentación también se invita a participar al director saliente del organismo, Marco Lavagna.
La convocatoria busca que los funcionarios informen verbalmente sobre la implementación del nuevo índice y respondan un extenso listado de preguntas vinculadas a las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
El diputado nacional Nicolás Trotta, autor del proyecto, sostuvo que el IPC “constituye uno de los indicadores macroeconómicos determinantes” y que tiene impacto directo en la medición de estadísticas sociales como la pobreza y la indigencia, así como en el análisis de la dinámica de ingresos y del poder de compra de salarios y jubilaciones.
En los fundamentos presentados, Trotta remarcó la “relevancia estratégica” del indicador y subrayó la importancia de la “transparencia y rigurosidad metodológica” en su cálculo, dado que el IPC incide también en contratos públicos y privados y en variables fiscales, monetarias y financieras.
El proyecto señala que el IPC vigente se basa en una canasta de consumo derivada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO) 2004/2005. Según se explica en el texto, esa metodología refleja patrones de consumo de hace más de dos décadas y no representa la estructura actual de gastos de los hogares argentinos.
El nuevo IPC, cuya implementación estaba prevista para enero de 2026, se apoya en la ENGHO 2017/2018 y en la actualización de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidad (COICOP 2018), de acuerdo a lo informado en la documentación citada en el proyecto.
Los diputados advirtieron que la situación “puede provocar” efectos en la medición de la inflación real, en la transparencia estadística y en la confianza de los indicadores oficiales, lo que a su vez condiciona el diseño y la evaluación de políticas públicas.
En este sentido, afirmaron que la utilización de un índice desactualizado puede derivar en diagnósticos erróneos y decisiones que profundicen la pérdida de ingresos reales.
El proyecto de resolución cuenta con las firmas de los diputados nacionales Jorge Chica, Guillermo Snopek, Cristian Andino, José Glinski y Santiago Roberto, quienes acompañaron el pedido de informes y la citación de los funcionarios del área económica y estadística.
La iniciativa quedó formalmente presentada para su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se definirá la convocatoria a los funcionarios y el alcance de las explicaciones requeridas.
La Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado -INDEC rechazó la decisión del Poder Ejecutivo de frenar la actualización del IPC. En una declaración pública, advirtió que la medida se tomó a pocos días de una publicación clave y que altera procesos técnicos que deberían desarrollarse sin interferencias políticas.
Desde el gremio señalaron que existen herramientas para mantener la comparabilidad de las estadísticas sin postergar la actualización y remarcaron que usar patrones de consumo de hace más de veinte años afecta la calidad del indicador.
También subrayaron que las estadísticas públicas inciden en salarios, jubilaciones y políticas sociales, y reclamaron la publicación inmediata del nuevo IPC, mayor transparencia y el respeto a la autonomía técnica del INDEC para garantizar información confiable para toda la sociedad.
