La reciente decisión de Javier Milei de avanzar con las restricciones sobre el derecho a huelga encendió las alarmas en las principales centrales sindicales del país, que ya alistan acciones legales para frenar el decreto 340, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Detrás de la aprobación del Régimen de Excepción para la Marina Mercante, el Ejecutivo introdujo modificaciones a la Ley de Régimen Laboral N° 25.877, ampliando la cantidad de actividades consideradas esenciales y estableciendo exigencias de cobertura mínima del 50% y hasta el 75% de los servicios durante medidas de fuerza. Para las centrales obreras, esta maniobra representa un intento encubierto de restringir derechos laborales garantizados por normas nacionales e internacionales.
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmaron que sus equipos legales ya están trabajando en una presentación judicial para impugnar la medida por inconstitucional. En un comunicado difundido poco después de conocerse el decreto, la central sindical advirtió que recurrirá a la Justicia para proteger el derecho a la protesta.
La estrategia legal involucra también a las dos CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Según trascendió, se busca presentar una acción conjunta en el fuero laboral argumentando que la norma contradice tanto la Constitución Nacional como convenios internacionales, como el número 87 de la OIT, que protegen el derecho a huelga y limitan su restricción solo a servicios que afecten directamente la vida, la salud o la seguridad de las personas.
Entre los abogados que intervienen se encuentra Pablo Topet, quien ya litigó contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, actualmente en manos de la Corte Suprema. Desde ATE, su secretario general Rodolfo Aguiar declaró que el decreto “nace sin viabilidad jurídica” y adelantó que su organización no lo acatará.
Por su parte, Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, también confirmó su participación en la ofensiva judicial. A su juicio, el decreto es inconstitucional tanto por su contenido como por su forma de implementación, al tratarse de una reglamentación excesiva de un derecho humano básico por vía de decreto presidencial.
El contenido del decreto 340 guarda notorias similitudes con el cuestionado capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo tras una presentación impulsada por la CGT. Aunque esa resolución fue apelada por el Estado, y aún se aguarda una definición de la Corte Suprema, el nuevo intento del Gobierno reaviva un conflicto legal que promete volver a enfrentar al Ejecutivo con el movimiento obrero en los tribunales y en el plano político.
