En una votación ajustada que terminó 121 a 117, el guiño del espacio alineado con Martín Llaryora le permitió al Gobierno frenar el avance de la iniciativa promovida por la oposición.
La Libertad Avanza se anotó otra victoria en Diputados, con la colaboración decisiva de los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora, el oficialismo logró aprobar en el recinto una moción para mandar a comisiones los proyectos de la oposición para refinanciar deudas a tasas promocionales.
Unión por la Patria no consiguió el respaldo de los partidos provinciales para reunir una mayoría y la moción para terminar el debate fue ganada por el oficialismo por 121 a 117. Los cinco cordobeses que se abstuvieron fueron determinantes. Son Carlos Gutiérrez, Carolina Basualdo, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres.
Si bien el oficialismo tenía su proyecto, que consistía en promover la educación financiera y mitigar el fraude digital, el debate había sido impulsado a través de un acuerdo de la oposición que el 26 de agosto reunió una mayoría para emplazar a las comisiones. Pero, luego, la avanzada perdió el respaldo de diputados cordobeses y del bloque Argentina Federal, provenientes de Salta y Misiones. Tenían un dictamen propio y votaron divididos.
LLA dio el debate, logró dictamen de mayoría y sin los votos en el recinto optó por impedir la votación y lo logró. La diputada Silvana Giúdici volvió a ejecutar la estrategia. Se acercó a las bancas para anunciar su decisión, luego de más de dos horas de buscar votos por los pasillos.
"Quiero denunciar que están llamando a los gobernadores para conseguir votos", gritó Cecilia Moreau, de UP, cuando el debate se estiraba más de la cuenta y el recinto era un desfile de diputados caminando para tomar una decisión.
Las cuentas no daban para nadie y es por eso que en la oposición estaban convencidos de que el oficialismo dejaría la sesión sin cuórum. Si un bloque mayoritario se iba, no era posible continuar. Nadie quiso dar ese paso. Martín Menem y Giúdici optaron por seguir, con la garantía de que el peronismo tampoco reunía la mayoría.
"Si se vota el pase a comisión se cae todo, Silvana", la increpó Sabrina Selva, del bloque UP. "Es lo que buscamos", respondió la diputada libertaria, minutos antes de tomar el micrófono para hacer el único discurso del bloque oficialista. "En 2023, el crédito eral del 6,3% del PBI. Luego creció al 14,7%", apuntó y aseguró que las moras crecieron fuerte entre enero y febrero, pero ya no son un problema y por lo tanto no es necesario un refinanciamiento. Además, aseguró que las tasas que propone la oposición podían ser más altas que las ofrecidas por algunos bancos.
El proyecto de La Libertad Avanza (LLA) que no llegó a tratarse adjudica los altos niveles de deuda a la falta de información de los deudores y a los abusos de bancos y fintech, que en algunos casos prestan a tasas incobrables para sumar punitorios a sus ingresos. Es por eso que el despacho exige a las entidades financieras informar a los usuarios todos los detalles durante la oferta de los créditos.
Obliga a aportar datos sobre las operaciones de créditos, derecho a cancelación y trazabilidad de deuda. Además, exige acceder al costo financiero total del crédito y al perfil del deudor. El dictamen, que acompañaron el PRO y la UCR, se completa con un plan de educación financiera y un consentimiento informado, para que el deudor pueda tener una doble verificación de la información recibida.
El dictamen de UP y Provincias Unidas no es muy distinto al de AF, pero no fue posible que acordaran una mayoría para imponerse en el recinto. Ambos promueven una refinanciación a tasas promocionales. Las principales diferencias son el plazo de la emergencia y los sujetos alcanzados por el plan de refinanciación. El de AF propone un plan por un año que incluya a deudores que ganen hasta diez salarios mínimos.
La alianza UP-PU fue más restrictiva: los programas se extienden por 180 días. Sólo podrán acceder quienes "registren una mora igual o superior a 60 días en obligaciones derivadas de operaciones de crédito al consumo" y "destinen al pago de cuotas de operaciones de crédito al consumo un importe superior al treinta por ciento de los ingresos mensuales del grupo familiar conviviente".
Se toma en cuenta la tasa TAMAR en pesos de bancos privados, correspondiente al promedio del mes calendario anterior, incrementada en veinticinco puntos porcentuales. “El límite se aplicará sobre el costo financiero total de la operación, comprendiendo intereses, comisiones, cargos, seguros y todo otro concepto a cargo de la persona deudora excepto impuestos y se calculará sobre los saldos efectivamente adeudados”, agrega el despacho de minoría.
Sólo en esos casos, el proyecto prevé que los deudores puedan acogerse a un plan de refinanciación de hasta 12 cuotas, que no puedan superar el 30% de sus ingresos. Se eliminan los intereses punitorios y la tasa de interés aplicable no podrá superar el promedio anual de depósitos a plazo fijo mayoristas en pesos, de 30 a 35 días. El peronismo creyó tener un consenso al desechar las propuestas de la izquierda, que incluían condonación de deudas. No fue así.
La votación que pasó el dictamen a comisiones tuvo el aporte decisivo del bloque Argentina Federal, que tuvo un juego de distracción. Los diputados de Misiones emitieron dos votos en contra de postergar el debate y uno a favor; otro diputado estuvo ausente. Los legisladores de Salta registraron un voto afirmativo y dos ausencias. El resto de la oposición no se sorprendió, porque durante la jornada hubo gestiones para votar su dictamen y no se mostraron interesados.
Otras ausencias funcionales al Gobierno fueron la dupla del MID. Tampoco estuvo Jorge Ávila, quien responde al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Álvaro González, del PRO y cercano a Horacio Rodríguez Larreta, dejó su banca vacía, en este caso para complicar al Gobierno, que tuvo la ayuda de Santa Cruz, con José Garrido, pero no de los tucumanos. El gobernador Osvaldo Jaldo no quiso ayudar a LLA en esta sesión. Nadie supo los motivos.