Ledesma criticó el proyecto de disolución de Vialidad Nacional y alertó sobre la militarización de funciones civiles
"Lo que estamos viendo no es un ajuste, es una demolición institucional”, señaló el legislador provincial.
El diputado provincial Juan Carlos Ledesma expresó su profundo rechazo al decreto que prepara el Gobierno Nacional para disolver la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y transferir funciones esenciales a la Gendarmería Nacional. Según trascendidos periodísticos, el decreto sería publicado en el Boletín Oficial antes del 8 de julio y dispondría la eliminación de organismos clave para el control, la planificación y la seguridad en el transporte y la infraestructura vial del país.
“Esto no es libertad, es abandono. Están desmantelando estructuras técnicas fundamentales, con décadas de experiencia, para reemplazarlas por una lógica militar que no tiene ni la capacidad ni el rol legal para asumir esas tareas. El resultado es un Estado que se retira de sus obligaciones y deja desprotegidos a millones de argentinos”, señaló Ledesma. El legislador advirtió sobre las consecuencias del cierre de Vialidad Nacional y el traspaso del control del tránsito a fuerzas de seguridad: “¿Quién va a mantener las rutas nacionales? ¿Quién va a controlar el transporte de cargas, el estado de los colectivos, los controles de alcoholemia y velocidad? ¿La Gendarmería? Lo que estamos viendo no es un ajuste, es una demolición institucional”.
Ledesma también remarcó que Vialidad Nacional no solo construye y repara caminos, sino que cumple un rol estratégico para el desarrollo económico, la integración territorial y la generación de empleo: “Desde el interior profundo sabemos lo que significa Vialidad: rutas transitables, acceso a pueblos aislados, trabajo genuino y planificación de largo plazo. Sacar de raíz esa estructura es atentar contra el federalismo, el desarrollo y la seguridad vial”.
Por último, el diputado hizo hincapié en el peligroso proceso de militarización de funciones civiles, que se profundiza con este tipo de decisiones: “Están trasladando funciones técnicas a fuerzas de seguridad, como si los problemas de tránsito o de mantenimiento vial se resolvieran con uniformes y armas. Esto no solo es ineficiente, es peligroso. El Estado no puede lavarse las manos ni transformar cada política pública en una cuestión de orden público”.
Ledesma exigió que se frene este decreto y se convoque a un debate serio en el Congreso Nacional, con participación de las provincias, los sindicatos, los trabajadores del sector y especialistas en transporte y seguridad vial: “No se puede decidir desde un escritorio en Buenos Aires lo que afecta a todo el país. Necesitamos un Estado presente, con políticas públicas responsables, no un gobierno que improvisa con una motosierra".
