El rector de la Universidad de Buenos Aires señaló que la Sigen "no tiene las competencias necesarias para llevar a cabo las auditorías por razones jurídicas".
Rector de la UBA Ricardo Gelpi.
Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), confirmó que recurrirán a la Justicia para que se defina qué organismo debe auditar a las universidades nacionales. Esta decisión responde a la propuesta del Gobierno de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) asuma esa responsabilidad.
“Como es de conocimiento público, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) comunicó que, de manera unilateral, las universidades nacionales serán auditadas por la Sigen. Consideramos que este organismo no tiene las competencias necesarias para llevar a cabo dichas auditorías por diversas razones jurídicas. Sin embargo, esto no implica que nos opongamos a las auditorías en sí”, afirmó Gelpi durante un encuentro con periodistas en la sede del Rectorado, en Capital Federal.
“Es fundamental que quede claro: no nos oponemos a las auditorías. Al contrario, queremos ser auditados en todo lo que sea necesario, siempre dentro del marco de la ley y las instituciones. Por ello, hemos decidido acudir a la Justicia para que determine si el procedimiento que propone el Gobierno nacional se ajusta a la legalidad. Creemos que no es así, pero acataremos lo que decida el Poder Judicial”, aclaró.
Además, la UBA publicó en su página web un comunicado en el que destacó que es uno de los entes más auditados del sector público, siendo supervisada por la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (que recibe informes mensuales de gastos de la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad. La universidad también puso a disposición los informes de control recientes elaborados por estos organismos, consignó el sitio Infobae.
Leonora Colombo, miembro del Claustro de Graduados del Consejo Superior, explicó el propósito de la acción judicial, que cuestiona la participación de la Sigen en el control, argumentando que violaría la autonomía universitaria.
“Se trata de una acción declarativa de certeza iniciada el viernes pasado. Su objetivo es resolver una controversia sobre la interpretación del sistema jurídico actual. La Universidad sostiene que la Sigen carece de competencias para auditarla, mientras que el Poder Ejecutivo argumenta lo contrario. En nuestro país, el órgano constitucional encargado de dirimir estos conflictos es el Poder Judicial, y por ello la Universidad ha decidido canalizar este debate institucionalmente, buscando un pronunciamiento del único órgano que puede interpretar la Constitución y las leyes”, explicó.
Colombo añadió: “La Sigen puede ejercer su control sobre los organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Esto no es solo una opinión de la UBA, sino lo que establece la ley. Con la reforma constitucional de 1994, se incluyó en el artículo 75, inciso 19, la autonomía universitaria. La Corte Suprema estableció hace 20 años que esta autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y están libres de cualquier tipo de interferencia o control en sus actividades, incluidas las de carácter económico-financiero”.
