La entidad negó una citación a su cúpula dirigencial
La Justicia de EE.UU. avanza en la investigación contra la AFA
Investigan los acuerdos comerciales de la entidad en Estados Unidos, a través de la empresa vinculada a Javier Faroni.
Complicados. "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y Javier Faroni, en el foco de la investigación.
22 de julio de 2026 - 13:02
La estructura financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior quedó en la mira directa de autoridades judiciales estadounidense. En el marco de una causa que se tramita en los tribunales del Distrito Sur de Florida, la Justicia de Estados Unidos requirió de manera formal el registro completo de los mensajes, llamadas y correos electrónicos intercambiados entre el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el empresario Javier Faroni, entre otros dirigentes.
La medida se conoció tras un sorpresivo procedimiento desplegado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, instantes antes de que la delegación oficial abordara el vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas de regreso a Buenos Aires tras la final de la competencia internacional. La intervención de los agentes federales generó un momento de tensión y provocó una demora de casi dos horas en el despegue del avión.
Durante el operativo, tanto Tapia como Leandro Petersen --responsable del área de marketing y dirigente de extrema confianza del oficialismo de la AFA-- fueron trasladados a una oficina reservada de la terminal, donde se les notificó formalmente la situación procesal.
El operativo en suelo estadounidense disparó de inmediato múltiples versiones sobre lo ocurrido en el aeropuerto JFK, entre ellas la posibilidad de que los efectivos hubieran secuestrado los teléfonos personales de los principales directivos. Frente a esta situación, la AFA emitió un comunicado, firmado por el letrado Gregorio Dalbón, en el que desmiente de forma categórica que esto haya ocurrido.
En el escrito, la defensa aseguró que es "rotundamente falso" que se hayan confiscado dispositivos electrónicos y remarcó que "ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar", buscando tranquilizar el revuelo mediático en torno a la actuación policial.
En esa misma línea, la dirigencia precisó el alcance de la medida judicial. Desde la AFA aclararon que la citación del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida no está dirigida en forma directa a Tapia ni a Toviggino, sino a un tercero involucrado en las operaciones comerciales. A esa persona o firma es a quien se le exigió comparecer ante un Gran Jurado y presentar los archivos y registros de las comunicaciones que mantuvo con las autoridades de la casa matriz del fútbol argentino.
Por el momento, el expediente no posee un número de caso penal formalizado y abierto al público. El Departamento de Justicia mantiene el proceso bajo la figura de una investigación preliminar (pre-indictment). Bajo este formato técnico, las actuaciones se canalizan mediante requerimientos, citaciones de prueba y órdenes de presentación de documentación en lugar de una imputación criminal directa, lo que preserva el hermetismo de las actuaciones a la espera de los elementos que entreguen los involucrados.
Los contratos bajo la lupa
El eje central de la pesquisa apunta a revisar con lupa los contratos comerciales firmados por la institución en el exterior. La investigación hace foco en los vínculos establecidos a través de TourProdEnter LLC, una compañía radicada en Miami que se encuentra vinculada a Javier Faroni. La orden emitida por la corte exige que, al momento de presentarse personalmente en los tribunales de la Florida el próximo 30 de julio, se aporte la totalidad de los correos, mensajes y llamadas cruzadas entre Tapia, Toviggino, Faroni y el directivo Diego Lucero.
Como parte de sus funciones, TourProdEnter LLC también quedó autorizada a “actuar como agente de cobro de los contratos de esponsoreo y/o patrocinio que genere, y en aquellos casos que así AFA se lo requiera”, y a abocarse a la “promoción de las distintas actividades de AFA y/o sus Selecciones Nacionales a los fines de obtener distintos acuerdos que produzcan dinero para AFA”.
Según informó Clarín, la causa se encuentra a cargo de un equipo de fiscales federales de peso dentro del Departamento de Justicia, especializados en entramados financieros y delitos transnacionales. El grupo está integrado por Christopher Ting, abogado litigante radicado en Washington D.C.; Michael Berger, especialista senior de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida en casos de corrupción internacional; y Patrick Gushue, miembro de la Unidad de Integridad Bancaria de la División Penal y director interino del programa de premios para denunciantes corporativos.
La hipótesis de los investigadores se fortaleció tras las presentaciones realizadas por Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino y exaccionista de Malte SRL, la firma envuelta en la compra de una propiedad en Pilar investigada en la Argentina. Beacon habría prestado testimonio e ingresado documentación clave al expediente en distintas oportunidades, aportes que terminaron de motorizar las notificaciones en Nueva York y la exigencia de abrir todos los contratos vinculados a la firma con sede en Miami.
La situación judicial en Argentina
En paralelo a la causa en Estados Unidos, la conducción de la AFA enfrenta un complejo panorama en los tribunales nacionales. Las máximas autoridades de la entidad y su entorno acumulan expedientes en la Justicia federal y en lo Penal Económico, impulsados a partir de denuncias interpuestas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa más avanzada involucra a Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros directivos por la presunta apropiación indebida de unos $19.000 millones en tributos y aportes previsionales retenidos que no habrían sido girados al Estado. A esto se suma la investigación en Lomas de Zamora por supuesto lavado de activos contra Sur Finanzas -financiera vinculada al presidente de la AFA-, además de los expedientes en Comodoro Py que indagan maniobras con la compra de dólares oficiales durante el cepo cambiario.
