El interbloque diputados de Juntos por el Cambio junto a legisladores nacionales formalizaron ayer la denuncia contra el ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niéderle. La presentación se realizó ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública que ya había iniciado una investigación de oficio a mediados de octubre.
Tras la presentación del bloque opositor quedó en evidencia que los diputados Luis Fadel, Alejandro Páez, José Antonio Sosa no firmaron la presentación. Tampoco acompañaron los senadores Ariel Cordero y Norma Reales, aunque Cordero aparece mencionado como uno de los denunciantes.
Estas ausencias generaron especulaciones de distinto tipo. El diputado Alejandro Páez, por su parte, explicó que decidió no acompañar con su firma porque “no tuvo el tiempo suficiente para analizar bien el contenido”. “Una denuncia penal no es poca cosa, creo que tenemos que ser muy responsables. No estoy diciendo que quienes firmaron no lo sean, ni tampoco es que estoy en contra de la decisión del bloque. Simplemente creo que hay cosas que se podrían agregar. Tuve una conversación con Luis Fadel, quien me comentó que había algunos errores técnicos, así que no descarto que hagamos otra presentación próximamente”, indicó Páez en declaraciones a Cae el Telón, por Radio Ancasti.
Investigación
A mediados de octubre, el fiscal Facundo Barros Jorrat había iniciado una investigación de oficio a partir de la trascendencia pública que tuvo la denuncia contra el ministro Eduardo Niéderle. Según fuentes judiciales, el fiscal ya había tomado algunas medidas procesales ante la noticia de un posible ilícito perseguible de oficio. La investigación de la fiscalía apunta a dilucidar si hubo direccionamiento de contrataciones hacia la empresa Air Total y/o si hubo algún tipo de maniobras para desdoblar contrataciones como estrategia para evitar los llamados a licitación.
De esta manera, la presentación que ayer realizó la oposición se sumará a la que tiene iniciada la Fiscalía y que no había sido pública por la obligación de los funcionarios judiciales de garantizar una investigación ajustada a derecho.