La crisis económica provoca el cierre de empresas y derrumbe del empleo formal
Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron más de 21.000 empleadores y se perdieron cientos de miles de puestos registrados, según datos oficiales.
La destrucción del entramado productivo avanza a un ritmo sostenido en la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei y no aparece como un efecto colateral inesperado, sino como una consecuencia directa del rumbo elegido. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron 21.046 empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio de 30 empresas menos por día. En paralelo, se perdieron 272.607 puestos de trabajo formales en unidades productivas, una caída del 2,77 por ciento que implica la eliminación de casi 400 empleos registrados diarios desde el inicio de la gestión libertaria, según los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina.
Lejos de tratarse de una anomalía transitoria, el retroceso del empleo y de los empleadores se inscribe en una definición política explícita del Gobierno nacional. Desde el inicio de la administración Milei, la política industrial fue descartada como herramienta de desarrollo. “La mejor política industrial consiste simplemente en tener buenas políticas fiscales y monetarias”, repiten desde el oficialismo, una consigna que se tradujo en el desmantelamiento de áreas específicas del Estado orientadas a sostener la producción, el entramado Pyme y el empleo formal.
En esa línea se inscribe el cierre de la Secretaría Pyme dentro del Ministerio de Economía, la eliminación de programas públicos de crédito productivo y el vaciamiento de instrumentos que históricamente apuntaban a sostener a las pequeñas y medianas empresas frente a los ciclos recesivos. La contracción del Estado como actor de coordinación productiva dejó a miles de firmas expuestas a un contexto macroeconómico adverso, sin amortiguadores ni políticas contracíclicas que atenúen el impacto del ajuste.
Deterioro en todos los frentes
Los números muestran que el deterioro no distingue rubros ni regiones. La cantidad total de empleadores cayó de 512.357 en noviembre de 2023 a 492.223 en octubre de 2025. El sector más afectado fue transporte y almacenamiento, con 5.042 empleadores menos, seguido por comercio, servicios inmobiliarios, servicios profesionales e industria manufacturera. También la construcción y las actividades agropecuarias registraron caídas significativas, reflejando el efecto combinado de la paralización de la obra pública, la caída del consumo interno y el encarecimiento del financiamiento.
En términos relativos, transporte y almacenamiento lideró la retracción con una baja del 12,8 por ciento en la cantidad de empleadores, seguido por servicios inmobiliarios y construcción. Se trata de sectores particularmente sensibles al nivel de actividad, la inversión y el crédito, variables que fueron deliberadamente comprimidas como parte del programa de estabilización.
El ajuste también tuvo un impacto directo sobre el empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el número de trabajadores formales pasó de 9.857.173 a 9.584.566. La pérdida de 272.607 puestos de trabajo se concentró en sectores clave: la administración pública perdió 83.014 trabajadores, la construcción 74.359 y la industria manufacturera 64.019. El transporte y almacenamiento completó el cuadro con 44.812 empleos menos.
La reducción del empleo público no fue un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia explícita de achicamiento del Estado. A la par del recorte de personal, se produjo una drástica reducción presupuestaria en organismos estratégicos como el INTI, el INTA y el Conicet, instituciones clave para el desarrollo tecnológico, la innovación productiva y la articulación con el sector privado. El desfinanciamiento de estas áreas no solo impacta en el empleo directo, sino que erosiona capacidades productivas y científicas acumuladas durante décadas.
Impacto desigual
La crisis también se expresa de manera desigual según el tamaño de las empresas. El 99,63 por ciento de la reducción de empleadores se explicó por firmas de hasta 500 trabajadores, con casi 21.000 empresas menos en menos de dos años. Son las Pyme las que absorbieron el mayor impacto del ajuste, sin acceso al crédito, con costos financieros crecientes y con una demanda interna en retroceso. En contraste, las empresas de mayor tamaño explicaron una porción marginal del cierre de empleadores, aunque concentraron la mayor parte de los despidos.
De hecho, el 66,80 por ciento de la pérdida de empleo registrado se produjo en empresas de más de 500 trabajadores, con 182.114 puestos menos. La combinación de cierres de pequeñas firmas y despidos en grandes empresas da cuenta de una contracción generalizada del nivel de actividad, que no encuentra compensación en ningún motor alternativo de crecimiento.
Las empresas afectadas
Por ejemplo, la autopartista estadounidense Dana cerró de manera definitiva su planta en Naschel, San Luis, luego de tres décadas de actividad y despidió a 50 trabajadores, en un contexto marcado por el avance de las importaciones y la ausencia de políticas de protección sectorial.
A ese caso se sumó el cierre de la sueca SKF en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, con más de un siglo de trayectoria en el país: la planta de rulemanes pasó de emplear 500 personas a quedar completamente vacía, con una última tanda de 150 despidos.
En el interior del país, la crisis golpeó con fuerza a La Rioja, donde la textil Luxo abandonó el parque industrial por la drástica caída de las ventas, mientras que la firma de calzados Vulcalar cesanteó a 80 trabajadores en Sanagasta y la productora de paneles solares Solartec, activa desde 1988, cerró al no poder competir con productos importados más baratos.
Los cierres tampoco se limitan a empresas medianas ni a economías regionales, sino que avanzan sobre grandes compañías y cadenas comerciales de alcance nacional. La multinacional estadounidense Magnera, líder en insumos para artículos de higiene, se retiró del país y cerró su planta en Pilar, dejando sin empleo a 60 trabajadores, aludiendo al contexto económico volátil.
En paralelo, el sector comercial exhibió una ola de cierres de sucursales y despidos: Frávega dio de baja una tienda en Temperley y el gremio advirtió por 300 puestos en riesgo; el grupo Cencosud cerró locales de Easy, Jumbo y Vea en cinco provincias; el mayorista Jaguar bajó la persiana en Bahía Blanca; y Start anunció el cierre definitivo de 30 locales en nueve provincias. Una secuencia que desmiente el discurso oficial de estabilidad y confirma que el ajuste también se traduce en menos empleo y menor presencia productiva en los territorios.
El contexto macroeconómico refuerza este escenario. Desde agosto de 2025, el Gobierno optó por mantener tasas de interés elevadas para contener al dólar y a la inflación. Sin embargo, la estrategia no logró su objetivo central: la inflación mensual acumula siete meses consecutivos de subas y se acerca al 3 por ciento. La economía quedó atrapada en una disyuntiva que el propio oficialismo no logra resolver: con tasas altísimas, la actividad y el empleo siguen cayendo; pero si se bajan las tasas para intentar dinamizar la economía, el riesgo es un nuevo impulso inflacionario y cambiario.
Así, el ajuste monetario se suma al ajuste fiscal y al desmantelamiento de las políticas productivas, profundizando un círculo vicioso de recesión, cierre de empresas y destrucción de empleo. A casi dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, los datos oficiales muestran que la promesa de que el mercado, por sí solo, ordenaría la economía no se tradujo en más inversión ni en más trabajo. Por el contrario, el saldo es un entramado productivo más chico, un mercado laboral más débil y un Estado retirado de toda política de desarrollo, en un contexto donde la recuperación del empleo formal sigue sin aparecer en el horizonte.
