El juicio por la causa de las compras directas tuvo una nueva y breve audiencia en la Cámara Penal nº3, donde otro testigo se sumó a la lista de los que revelaron las serias irregularidades en el reparto de la asistencia social durante la gestión del FCS, en tiempos de Víctor Brandán como subsecretario de Acción Social y Pablo Doro como ministro de Salud. La actividad seguirá el 27 de febrero.
En la audiencia solamente declaró uno de los dos testigos que habían sido citados. Fue un hombre de apellido Naranjo, quien figura en un expediente administrativo como el supuesto beneficiario de un subsidio que consistió en materiales para la construcción de un baño, pero negó siquiera haber hecho el pedido: incluso aseguró que la firma que allí figuraba no era la suya.
Este testigo se suma a una lista en la que ya son trece personas las que negaron haber realizado algún tipo de pedido ante la Subsecretaría de Acción Social en el año 2003 o posterior, y sin embargo figuran como beneficiarias de materiales de construcción u otro tipo de subsidios.
A la audiencia de hoy no asistió ninguno de los imputados en la causa: habían sido autorizados por el Tribunal a ausentarse atentos a que no había un gran número de testigos programados. Por lo pronto están previstas dos jornadas más en este debate, en las que se espera que comparezcan los testigos que por distintas razones no fueron localizados o no asistieron al llamado de la Justicia.
Al margen del circuito irregular de la asistencia social que ve la luz en estas audiencias, la causa de las compras directas está vinculada al procedimiento administrativo por el cual, durante la gestión de Brandán y Doro, se adquirieron elementos por unos $27 millones a un reducido grupo de empresas que se habían constituido poco antes de comenzar a venderle al Estado, y muchas de esas compras se resolvieron en los últimos días de Brandán en esa función pública.