martes 15 de septiembre de 2026
Reclamo

Judiciales solicitan un incremento salarial del 10% a partir de septiembre

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación presentó el reclamo ante la Corte de Justicia para recuperar el poder adquisitivo del sector.

La Seccional Catamarca de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) formalizó ante la Corte de Justicia de la Provincia un pedido de incremento salarial del 10% a partir del 1° de septiembre, con carácter remunerativo y bonificable para todas las categorías del escalafón.

En el texto presentado, los dirigentes gremiales fundamentaron la solicitud en la continua erosión de los ingresos frente al proceso inflacionario. Si bien recordaron que el INDEC registró una inflación del 1,7% para agosto, acumulando un 21,3% en los primeros ocho meses de 2026 y un 33,5% interanual, remarcaron que los rubros de mayor impacto en los hogares (como vivienda, servicios de luz y gas, educación y salud) sufrieron incrementos superiores, cercanos al 2,8%.

Asimismo, desde el sindicato advirtieron sobre el desfasaje en la escala salarial del Poder Judicial. Según precisaron, los sueldos del sector ubican a una franja significativa de trabajadores en escalones de ingresos relegados. A modo de ejemplo, detallaron que en julio las categorías iniciales como Ayudante de Maestranza ($1.576.069), Auxiliar Administrativo ($1.620.237,86) y Escribiente ($1.724.500,39) apenas bordean los pisos de la denominada "clase baja superior", mientras que las categorías más altas alcanzaban los $2.400.000, quedando lejos del nivel de "clase media baja" estimado por consultoras privadas.

"Nuestro salario, que siempre fue digno, hoy se ve sensiblemente afectado y superado por los gastos que se deben afrontar", expresaron en el escrito, al tiempo que alertaron sobre las consecuencias del estancamiento salarial acumulado desde diciembre. Según indicaron, los datos preliminares de una encuesta interna denominada "Deuda y Trabajo" reflejan una preocupante situación de endeudamiento en las familias judiciales, que deben recurrir al uso de tarjetas de crédito o préstamos para costear insumos básicos de supermercado.

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