Una fiscal impulsa la causa en los tribunales de Comodoro Py.
La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei utilizaron recursos del Estado argentino para facilitar el ingreso, la permanencia y la posterior salida hacia Estados Unidos de Flávio Bolsonaro.
La principal sospecha apunta al posible uso irregular de vehículos oficiales, personal, viáticos y otros bienes públicos para asistir al dirigente brasileño.
La investigación busca establecer si existió una colaboración desde el Estado argentino y, en ese caso, quiénes intervinieron, qué recursos se utilizaron y bajo qué autorización.
El eje no está solamente en cómo Bolsonaro logró salir del país, sino también en si para hacerlo se pusieron a disposición recursos que pertenecen al Estado y se financian con fondos públicos.
La causa se inició a partir de denuncias presentadas por el dirigente Gabriel Solano y el diputado Esteban Paulón y quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con la intervención de la fiscal Ochoa.
La fiscal Ochoa busca determinar si hubo una utilización de la estructura estatal para facilitar el traslado del brasileño, en una maniobra que podría exceder una eventual irregularidad migratoria.
Entre las hipótesis planteadas en las denuncias aparecen posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Uno de los aspectos centrales será reconstruir si hubo coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo y si se destinaron recursos estatales para garantizar los movimientos de Bolsonaro y su familia.
Las presentaciones apuntan a establecer también si existieron instrucciones políticas para facilitar el operativo o si hubo funcionarios que omitieron deliberadamente los controles que les correspondían.
La nueva decisión de avanzar con la investigación se suma a una serie de medidas preliminares que habían sido dispuestas la semana pasada por Capuchetti, a pedido de la fiscal Ochoa.
En aquella oportunidad, la jueza ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto de Puerto Iguazú y de los sectores de Migraciones y Aduana. Los registros corresponden a los movimientos de Bolsonaro y su familia entre el 27 y el 28 de octubre.
También solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones para conocer las constancias de ingreso y egreso del dirigente brasileño, los controles realizados sobre los pasajeros y el avión privado en el que viajaron.
A su vez, requirió información a la Cancillería y al Ministerio de Seguridad para determinar si habían recibido alertas, comunicaciones o pedidos de cooperación de autoridades brasileñas respecto de la situación judicial de Bolsonaro.
La preservación de las filmaciones apunta a reconstruir quiénes intervinieron, qué controles se realizaron y si hubo algún tipo de asistencia por parte de organismos estatales.
Bolsonaro ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas por el paso fronterizo de Puerto Iguazú y, horas después, abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Estados Unidos.
El episodio quedó bajo la lupa judicial porque el dirigente brasileño tenía restricciones para salir de su país, en el marco de investigaciones por presunto lavado de activos y corrupción.
