Un concejal de Icaño y una abogada en representación de varios vecinos lamentaron la designación. Habían presentado impugnaciones.
La nueva jueza de Paz de Icaño había sido impugnada
Finalmente el Gobierno ratificó la elección de Ana Belén Saavedra Montoya como jueza de Paz en Icaño, lo que generó el malestar de vecinos y referentes políticos que habían presentado impugnaciones en su contra al cuestionar el vínculo de pareja que mantiene con el intendente de la localidad, Franco Carletta (FT). También hay malestar por la designación del juez de Paz de Huillapima, Néstor Sebastián Moya Ávalo.
La designación de Saavedra Montoya se conoció hoy en el Boletín Oficial, y por ello la reacción de los vecinos de Icaño, quienes recordaron que “se presentaron más de 40 impugnaciones”. El concejal Ángel Pana (UCR) y la abogada Paula Zelarayán recordaron que la joven no cumple con los requisitos técnicos, “tampoco reviste la idoneidad para dicho cargo, ni la imparcialidad que podría esperarse”.
“La elección de Saavedra es totalmente arbitraria, e inexplicable. La disminución del servicio de Justicia será total, ya que no solo no cuenta con la formación de un letrado sino que no podemos suponer que será imparcial antes los intereses de su pareja”, reclamaron.
En el mismo sentido, remarcaron que “no se respetó el listado de los primeros vecinos, ni a la persona que hasta el momento se había desempeñado el cargo con total idoneidad, ni tampoco se consideraron a los abogados en la Jurisdicción, por lo que el fundamento para tal atropello no puede ser otro que una connivencia política”.
En ese sentido, cuestionaron también al Poder Judicial, al remarcar que estas decisiones “no hacen más que destruir lo poco a lo que pueden acceder quienes no viven en el Valle Central, o no cuentan con los medios para acceder a los Juzgados de otras instancias”. “La Corte con sus siete miembros no es más que una mera escribanía de los poderosos”, reclamaron y aseguraron que hay un “desinterés manifiesto de los magistrados sobre la Justicia del interior”.
En Capayán
Por otra parte, el presidente del CD Huillapima, Jorge López González, expresó su repudio y malestar por el desplazamiento de Marcelo Monges como juez de Paz de la Localidad de Huillapima, quien fue reemplazado por Néstor Sebastián Moya Ávalo. “El mismo se desempeñaba en dicho cargo con honrosa capacidad e idoneidad y no existen argumentos válidos para su desplazamiento”, expresó.
Para López González, se trata de una maniobra de “cooptación y nepotismo”.