El Juzgado Federal envió a juicio al presidente del instituto, acusado de presentar comprobantes falsos por servicios inexistentes y defraudar por más de 740 mil dólares. Hay otros 17 imputados.
El Juzgado Federal de Córdoba Nº 1 -subrogado por Carlos Ochoa- resolvió elevar a juicio oral la causa que investiga una compleja red de delitos económicos liderada, según la acusación, por Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti. Entre los numerosos hechos investigados, está la presunta defraudación cometida contra el Instituto Argentino de Análisis Fiscal Asociación Civil (Iaraf), que involucra a su fundador y presidente, Nadín Fabián Argañaraz, y empleados de la entidad.
Hasta hace dos años esta megacausa penal económica estuvo a punto de cerrarse. Siguió abierta por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revirtió la nulidad de toda la investigación resuelta por el exjuez federal Ricardo Bustos Fierro (jubilado) y la Cámara Federal de Córdoba, por mayoría, con votos de Graciela Montesi y Eduardo Ávalos. En un fallo, el máximo tribunal penal del país endilgó a los jueces cordobeses “ritualismo injustificado”.
En concreto, al economista y exasesor del gobierno provincial, Nadín Argañaraz se lo acusa de proyectar y concretar una maniobra que defraudó al instituto. Según la investigación, facturó servicios inexistentes al Iaraf que pagó con comprobantes apócrifos que simularon la prestación de servicios. Según el cálculo estimativo, el fraude ascendió a más de US$ 740.463.
También están acusadas otras dos personas vinculadas a la entidad, el asesor contable Marcelo Daniel Ferraris y la empleada Analía De Ángeli. El hecho atribuido a Argañaraz es uno de tantos que se enmarcan en una usina de facturas apócrifas lideradas por Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti y Ana Paula Ruffa, quienes habrían sido los proveedores de estas facturas apócrifas.
Una desgrabación reveló cómo Ferraris le comentó a Argañaraz su intención de "sacar anticipadamente dinero del Iaraf" para comprar dólares, señalando que él podía realizar los pagos y luego "acomodarlo con las facturas" con la indicación de Argañaraz de que la facturación debía ser hecha por "gente de confianza". La Fiscalía había solicitado la intervención judicial de esa entidad, pero el Juzgado rechazó el pedido.
La investigación elevada a juicio indica que Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti lideró una usina de facturas apócrifas. Junto a otros 17 acusados, están imputados -según los roles y hechos en los que participaron- por presunta asociación ilícita, evasión impositiva y alteración dolosa de registros y lavado de activos.
El objetivo principal de la organización era evadir impuestos. Para ello crearon usinas de facturas falsas detrás de sociedades como Tacuarembó SRL y Rural Space SRL. Emitían comprobantes para simular la comercialización de mercaderías o prestación de servicios, ocultando la identidad de los verdaderos vendedores y prestadores. También implementaron un mecanismo para obtener claves fiscales de contribuyentes, modificaban contraseñas, manipulaban datos y la actividad declarada ante la Afip (hoy Arca).
