La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos. En caso de convertirse en ley se implementaría en 2025.
El Senado aprobó anoche el proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales, una iniciativa que había sido impulsada por el oficialismo y aliados y que deberá volver a la Cámara de Diputados para que se revisen los cambios aplicados.
La votación se definió por 39 votos afirmativos y 30 negativos, y en caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo.
El dictamen de mayoría que se aprobó ayer en el recinto había tenido el acompañamiento en la firma del 10 de enero último de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y bloques federales, que fueron los que votaron a favor en el recinto, mientras el kirchnerismo y otros sectores habían impulsado uno de minoría.
Entre los cambios aplicados se quitó el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales.
La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única.
El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde 2022 y ahora volverá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado.
Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable de diseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito.
En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) es responsable de imprimir y distribuir las boletas.
Después de la boleta única, los senadores avanzaron en la discusión por el proyecto de aumento a las universidades nacionales aprobado en la Cámara de Diputados, rechazado por el oficialismo, con el argumento de que pone en riesgo el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.
El debate de la iniciativa , votada finalmente por el radicalismo y los dos bloques K Frente Nacional Popular y Unidad Ciudadana se abrió poco después de las 20, y concluyó alrededor de la medianoche con la aprobación.
La propuesta opositora incrementa los recursos para las universidades para garantizar su funcionamiento.
Ese aumento, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
De todos modos, el Gobierno ya advirtió que podría vetar esta ley como sucedió con el aumento de las jubilaciones.
El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades de acuerdo con la inflación.
La iniciativa aprobada por Diputados establece que el Poder Ejecutivo tendrá que actualizar desde el 1 enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, de forma bimestral, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales por el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC.
De acuerdo con la oficina de Presupuesto, la actualización de partidas del 2023 según el IPC es de 210.742 millones de pesos; el ajuste bimestral de los recursos para 2024 es de 86.254 millones de pesos, en tanto que para salarios los fondos oscilan en los 441.600 millones de pesos.
Uno de los puntos centrales es que se aumentarán todos los meses los salarios de docentes y no docentes con actualizaciones según la inflación.
Al respecto, establece que los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional se deberán actualizar a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el INDEC durante ese periodo.
