viernes 27 de septiembre de 2024
A pesar de la resistencia opositora

El oficialismo ratificó la emergencia energética y dio media sanción al blanqueo

El debate por los costos de la tarifa de energía fue el más encendido. Fue la tercera vez que la oposición buscaba rechazar el decreto acuerdo del Gobierno.

La sesión de ayer resultó en una sucesión de derrotas para la bancada opositora, a pesar de que algunos de los legisladores de la UCR, LLA y el PRO acompañaron el proyecto de adhesión al blanqueo que propuso el Gobierno Nacional en la Ley Bases. Ocurrió que, por la mayoría abrumadora del oficialismo, ayer se ratificó el decreto acuerdo con el que el Ejecutivo dictó la emergencia energética en la Provincia y, además se impidió el tratamiento de los dos proyectos que proponían la interpelación a la ministra de Seguridad, Fabiola Segura. La discusión por la situación tarifaria fue la más encendida de la jornada, con serios cuestionamientos del oficialismo para el Gobierno Nacional y una oposición que exigió, sin éxito, respuestas provinciales.

Emergencia energética

La discusión giró en torno al tratamiento del decreto acuerdo nº153 del Gobierno Provincial que declaró en estado de emergencia la prestación del servicio público de energía eléctrica, firmado en febrero de este año y con vigencia hasta el 31 de diciembre con posibilidad de prórroga. El bloque de la UCR ya había intentado anteriormente pedir mociones de preferencia para debatir el decreto con la intención de rechazarlo, pero nunca prosperó por no contar con los votos necesarios.

Ayer, la presidenta del bloque de la UCR, Silvana Carrizo, insistió en el planteo que hizo anteriormente sobre este y otros decretos acuerdos y anticipó que el bloque rechazará “todos los decretos con los que vinieron a golpear el bolsillo de los catamarqueños”, entre los que destacó este y los que decidieron los aumentos del aporte a la AGAP y de la OSEP. En sintonía, el vicepresidente del bloque, Tiago Puente, remarcó que la UCR solicitó tres veces tratar la emergencia energética. “El tratamiento llega en una situación muy alarmante. Este decreto no es solo un atropello a nuestras garantías constitucionales, sino que es una clara demostración de planificación del Gobierno, exhibe la incompetencia administrativa que tienen. Nos deja desprotegidos frente a posibles abusos en el suministro eléctrico. Estamos frente a una posible inconstitucionalidad”, advirtió Puente, quien además remarcó que el VAD “tuvo un aumento del 100% en la última factura”. “Dejen de querer instalar una supuesta crisis en las finanzas de la Provincia para justificar los desmanejos de la gestión. Si así fuera, deberíamos haber visto el cese del turismo político o el reordenamiento del Estado”, criticó.

El titular del bloque oficialista, Gustavo Aguirre, destacó el decreto y aseguró que desde su instrumentación “solo se acudió a este sistema de actualización de emergencia en dos oportunidades: marzo y junio”. “En lo que va del año, el incremento del VAD fue del 50%, mientras que la inflación general hasta junio fue del 89%. Además, este decreto de emergencia no desplaza ni reemplaza la función del ENRE, no suspende la realización de audiencias públicas sino que achica plazos y procedimientos. Tampoco cambia los parámetros para determinar el aumento del VAD”, remarcó. Para Aguirre, quien apuntó a Nación por los aumentos, “el presidente tiene quien lo defienda y no son los libertarios: es impresionante el esfuerzo de los radicales, porque parece que el problema de las tarifas no es el 74% del precio nacional, sino el 26% que representa el componente provincial”.

En esa sintonía, María Argerich cuestionó la “incoherencia” de la oposición y aseguró que el Gobierno Provincial “está buscando gobernabilidad”.

“¿Por qué no lo pensaron en octubre, cuando acompañaron a un Gobierno Nacional que dijo que iba a hacer todo lo que está haciendo? Hablan de que se suspendieron procedimientos que nunca se suspendieron, todo fue aprobado por el ENRE. En los últimos seis meses los aumentos de Nación para usuarios N1 fueron del 300%, para los N2 del 495% y para los N3 del 641%. Quizás no lo saben, pero en Catamarca hay acciones del Gobierno tendientes a los usuarios adheridos a tarifas sociales. Hay 16.902 usuarios que reciben un subsidio, y en el último período la Provincia pagó por esos usuarios 225 millones de pesos. Son aproximadamente $15.600 por boleta, que suma a un subsidio por Zona Fría durante tres meses a un consumo ampliado hasta 700kw. Claramente nos preocupa la situación”, sostuvo.

Los diputados oficialistas cuestionaron la “liberación” de los precios de parte de Nación, a lo que el diputado Alfredo Marchioli (UCR) aseguró que “el gobernador Jalil fue el primer alumno”. “Estuve en las audiencias, nadie me las contó. Hoy todos los precios más altos los pagan los de menores ingresos. Usuarios de bajos ingresos pagan lo mismo que los de mayores ingresos. Es hipócrita por parte del justicialismo. Hoy el aporte que hace el Gobierno para Tarifa Social son $3 millones por mes, cuando en los últimos tres meses destinó $9.000 millones para auxiliar a EC SAPEM en el pago a CAMMESA. La empresa perdió el 20% de los usuarios, y aun así el Gobierno los está subsidiando. Aprobar este decreto es darle la espalda a los que menos tienen, consentir la clandestinidad y las condiciones precarias. Es inequidad y desigualdad. Es comprometer la economía familiar y empujar a los usuarios a la morosidad, elegir entre comer y pagar la luz”, criticó.

Por su parte, Hugo Ávila (FAC) aseguró que “la solución no puede ser echarle la culpa al 56% de la población que votó a Milei”. “Los gobernadores y legisladores nacionales de los partidos populares no pueden decir que no se puede hacer nada. Que vean lo que se hace en La Rioja o en Santiago del Estero. ¿Qué hacen esas provincias que pueden tener tarifas más bajas?”, se preguntó.

Apoyo al blanqueo

Por otra parte, la Cámara dio media sanción a la adhesión al Título II de la ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocido como blanqueo. La diputada Mónica Zalazar (UP) destacó que “los ingresos que se generen llegarán a la Provincia, porque son impuestos coparticipables”, y remarcó que “al ser voluntario, quien no adhiera no tendrá los beneficios de la ley”, que son excepciones de tributos inmobiliario, automotor, sellos e IIBB, multas, sanciones ni enfrentarán denuncias penales.

En este debate, hubo planteos de Mamerto Acuña y Silvana Carrizo (UCR) respecto de la poca información que tomaron antes del tratamiento. “No estamos en condiciones de adherir a un blanqueo sino más bien a una moratoria. Podríamos tratar más profundamente el tema, porque estamos perdiendo recursos sin adoptar las medidas indispensables para adaptar el Presupuesto”, dijo Acuña, al tiempo que Carrizo cuestionó que el proyecto y su tratamiento “exprés” sea impulsado por “los mismos que se oponían a la ley Bases”.

Sobre esta crítica, Aguirre (UP) destacó que no se trata de un “enamoramiento ideológico”, sino de “una necesidad de mejorar la recaudación y que lleguen más recursos para la Provincia”. “Cuántos más recursos tenga el Estado, mejor va a cumplir con su trabajo”, remarcó. n

Respaldo a Fabiola Segura

La diputada Silvana Carrizo (UCR) y su par Hugo Ávila (FAC) pidieron que se incluyeran en el orden del día de ayer, para su tratamiento sobre tablas, los proyectos de interpelación que presentaron en contra de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura. La propuesta no prosperó gracias al resguardo del oficialismo.

Tras la sesión, la diputada Natalia Herrera lamentó que ninguno de los proyectos prosperara. “Es obligación de los funcionarios públicos dar respuestas. Necesitamos algún tipo de explicación de las autoridades. ¿No tienen familias e hijos? ¿No quieren llevar tranquilidad a la comunidad? ¿O acaso es que no quieren quedar expuestos porque no existen políticas de seguridad serias?”, se preguntó.

“Lo dije días pasados y lo repito: le queda grande el cargo a los que están encargados de cuidarnos. Insisto en que no puedo hacer otra cosa que no sea preocuparme por la inseguridad que estamos viviendo los catamarqueños. La seguridad es una de las mayores preocupaciones de los vecinos y alcanza con caminar un poco las calles para escuchar los reclamos. Espero que alguna vez nos escuchen”, cuestionó.

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