El Gobierno investiga posibles filtraciones en la causa YPF y purga la Procuración del Tesoro
Desde la Procuración, consideran que parte de la estrategia legal del fondo se nutrió de información reservada del Estado argentino.
La Procuración del Tesoro Nacional está bajo revisión interna. En medio del revés judicial que sufrió el Estado argentino por la expropiación de YPF, el gobierno de Javier Milei ordenó una investigación por presuntas “filtraciones” de información reservada y prepara una reestructuración de su jefatura de abogados. Si bien se descarta de plano una remoción del procurador Santiago Castro Videla, voces oficiales confirmaron que habrá despidos de quienes sean identificados como responsables de la fuga de datos sensibles. Según esa versión, la purga interna ya está en marcha y es comandada por el propio Castro Videla, quien asumió en febrero tras la sorpresiva salida de Rodolfo Barra. Designado por impulso directo de Santiago Caputo, el actual procurador es uno de los cuadros técnicos que más confianza genera en el círculo presidencial, pese a que debió excusarse de intervenir en la causa por haber integrado el estudio del jurista Alberto Bianchi, quien colaboró con el fondo Burford Capital en el armado de la demanda.
La denuncia de filtraciones se produce en el momento de mayor tensión legal para el Estado argentino desde que se reactivó el juicio por la estatización de YPF. Hace dos semanas, la jueza federal de Nueva York LorettaPreska ordenó que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park, que compraron a la familia Eskenazi el derecho a litigar. La decisión fue apelada por la defensa del Estado y, mientras tanto, se obtuvo una suspensión administrativa de la entrega de las acciones.
Aunque el Gobierno niega enfáticamente estar negociando un eventual acuerdo con Burford, en la Procuración consideran que parte de la estrategia legal del fondo se nutrió de información reservada del Estado argentino. “No hay forma de saber para quién se filtró, pero es razonable pensar que fue para Burford”, deslizaron las fuentes consultadas por el medio DiarioAR. La información en cuestión, de acuerdo a lo que sospecha el Gobierno, habría salido de los despachos de la Procuración durante los últimos meses y contenía detalles internos sobre la línea jurídica que el Estado planeaba seguir ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. La revelación de esos datos habría fortalecido la posición de los litigantes en el tribunal neoyorquino, donde se discute uno de los fallos más relevantes para la historia financiera y jurídica del país.
A la investigación por filtraciones se sumará una reorganización general de la Procuración del Tesoro, el organismo que durante el kirchnerismo encabezó Carlos Zannini. La intención, según se desliza desde el Gobierno, es reconfigurar su estructura interna y profesionalizar su planta, en línea con los criterios que La Libertad Avanza impulsa en otras áreas clave del Estado. Por ahora, Castro Videla se mantiene en el cargo y con respaldo. Pero su apartamiento del juicio de YPF dejó sin abogado principal al país en una causa que podría marcar un precedente internacional sobre la responsabilidad de los Estados frente a la comunidad inversora. Y dentro del Gobierno crece la preocupación por la defensa jurídica de los activos estratégicos de la Nación. Nadie lo dice abiertamente, pero algunos ya hablan de “interferencias” más profundas.
