Desde la Casa Rosada afirman que remitirán toda la información requerida por el juez Ariel Lijo mientras avanza la causa.
En el marco de la causa que investiga el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este, el Gobierno nacional comenzará a enviar en los próximos días la documentación solicitada por la Justicia. Según indicaron fuentes oficiales, la información será remitida en tandas a partir del lunes, una vez que los distintos organismos terminen de consolidar las respuestas requeridas por el juez Ariel Lijo.
Entre el material solicitado se incluyen registros de cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), planes de vuelo gestionados ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), informes sobre movimientos y facturación, documentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) y oficios dirigidos a la Secretaría General de la Presidencia.
En la Casa Rosada sostienen que la intención es colaborar con el avance del expediente, que busca reconstruir el circuito del viaje y determinar quién financió los vuelos y bajo qué condiciones se realizó el traslado del funcionario y su familia.
Pese a la investigación, en el Ejecutivo aseguran estar “tranquilos” y afirman que Adorni tiene “forma de justificar todo”. Por el momento, el vocero no designó un abogado defensor, aunque desde el entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, habrían acercado algunos nombres para su representación.
En el oficialismo consideran que la causa aún se encuentra en una etapa preliminar, centrada en la recolección de pruebas, por lo que no esperan una citación a indagatoria en el corto plazo.
No obstante, el expediente ya registró avances. El juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen, mientras que el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas en una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito.
Entre ellas, se destacan pedidos de información sobre declaraciones patrimoniales, bienes, vehículos, viajes y movimientos económicos vinculados al funcionario y su entorno familiar.
Además, testimonios incorporados al expediente generaron tensión en el Gobierno. Una empleada de la firma que gestionó los vuelos sostuvo que el empresario Grandio habría pagado los traslados como parte de una “invitación”, y aportó chats, audios y documentación que ahora forman parte de la investigación.
En la Casa Rosada reconocen el malestar generado por estos elementos, aunque evitan hacer defensas categóricas sobre el rol de los involucrados. Por ahora, la estrategia oficial es colaborar con la Justicia y esperar la evaluación del magistrado sobre las pruebas reunidas.
