Los gremios insistieron con el pedido de un pago extraordinario antes de fin de año, por otro lado el Ejecutivo planteó que la coparticipación vuelve a caer, mientras la cláusula gatillo vence el 31 de diciembre.
Tras la reunión pautada entre el Gobierno y los gremios UPCN y ATE, el gobernador Raúl Jalil y el ministro de Hacienda, Juan Marchetti, no confirmaron montos para el bono de fin de año que reclaman los trabajadores estatales, porque la respuesta depende de los números de la coparticipación, que según el planteo oficial vienen otra vez en baja. La definición quedó pendiente para el 26 de noviembre, cuando las partes volverán a sentarse a negociar.
Del encuentro participaron únicamente los dos gremios convocados. En declaraciones para El Ancasti, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, relató que se habló del bono el cual el gremio viene reclamando desde hace y volvió a insistir con el pedido.
Según el relato de Arévalo, el planteo del Ejecutivo fue que los números de la coparticipación vienen en caída, por lo que se esperarán los datos que llegarían en los próximos días antes de resolver. “El día 26 estaríamos confirmando, de acuerdo a los números, qué es lo que se pueda dar”, explicó.
El titular de ATE evitó adelantar cifras concretas. “Hoy no se puede decir un bono de 100, un bono de 200 o de 300”, sostuvo, porque el monto va a depender de los números que lleguen.
Lo que sí remarcó es que la intención es que el beneficio alcance “sobre todo a los de más abajo, a los que menos tienen”, un sector que según describió carga con el mayor endeudamiento. A su entender, el bono tendría que servir para que esos trabajadores puedan cubrir al menos algunas deudas, algo con lo que, anticipó, los gremios seguirán insistiendo.
Por otra parte, en diciembre corresponde cobrar la actualización por la cláusula gatillo, que el dirigente estimó en 4,1%. Admitió que ese porcentaje “de alguna manera no es lo que tendría que ser” para el bolsillo del trabajador, aunque lo definió como “un alivio” que se complementaría con el bono. El esquema de actualización por inflación vence el 31 de diciembre, de modo que en enero los gremios deberán sentarse a discutir la paritaria para que rija desde febrero, con el inicio de clases y los ingresos de coparticipación entre las variables.
Sobre lo que esperan del Ejecutivo, planteó que el monto debería estar “a la altura al menos del costo de vida” y que el objetivo es “un bono como para que la gente pueda tener una expectativa de desendeudarse un poco”, en medio de la pérdida del poder adquisitivo que sufre el trabajador.
El antecedente más cercano es el bono extraordinario de $100.000 que el Gobierno había anunciado en julio, por única vez y en una sola cuota, para los trabajadores de la Administración Pública Provincial y para los empleados de planta permanente de los 36 municipios, con financiamiento de la Provincia. Los gremios habían pedido ese beneficio y lo celebraron cuando se confirmó.
Asimismo, Arévalo pidió que el bono llegue a “todos los empleados, tanto provinciales como municipales en un momento en que “la mayoría de los trabajadores están endeudados”. Frente a las expectativas, reconoció que “hoy no es todo color de rosa”, aunque sostuvo que la riqueza de las regalías mineras y los recursos naturales “se deben también repartir en los que son los dueños de la riqueza, que somos los catamarqueños”. A partir de ese argumento, afirmó que “se puede desde ahí girar fondos para un bono que es por única vez”.
El gremio ya había recorrido los municipios en una ronda por la recomposición salarial, que según valoró funcionó como un aliciente frente a la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, con las nuevas subas de tarifas “quedamos otra vez en el mismo lugar que estábamos”, lamentó, una situación que se agrava para quienes tienen problemas de salud: “Claramente no alcanza para llegar al 20 del mes”.
Consultado por el aguinaldo, Arévalo descartó que deba ser motivo de una negociación. “No debería ni conversarse”, advirtió, porque se trata de “un derecho y una obligación de la patronal, no es un favor”. El pago, agregó, es una cuestión de los municipios y del Gobierno: “Tienen que pagarlo, como sea, y es una problemática de ellos”.