El Estado deberá pagar casi 10 millones de dólares a los abogados de Cristina Kirchner
Vialidad Nacional dejó caer por inacción el reclamo civil para recuperar fondos de la corrupción en la obra pública.
En una de las paradojas jurídicas y económicas más resonantes de los últimos años, el Estado argentino enfrenta la obligación de desembolsar casi 10 millones de dólares (unos $13.614 millones de pesos) para abonar los honorarios de los abogados defensores de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás imputados de la causa Vialidad. El insólito escenario se originó luego de que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) abandonara la demanda civil por daños y perjuicios, provocando que la Justicia declare la "caducidad de la instancia" y dé por perdido el pleito para el erario público.
El contraste resulta mayúsculo: mientras la Justicia todavía no logró ejecutar ni un solo peso del decomiso por 587 millones de dólares ordenado en la condena penal por defraudación contra la expresidenta, los contribuyentes deberán afrontar las costas legales de los letrados defensores, tanto de los exfuncionarios condenados como de los absueltos.
La acción civil había sido impulsada en 2018 durante la administración de Mauricio Macri, bajo la conducción de Javier Iguacel en Vialidad, con un reclamo original de resarcimiento fijado en $22.300 millones. Sin embargo, la parálisis procesal atravesó dos administraciones:
El abandono del expediente: El desinterés y la falta de impulso procesal comenzaron durante la presidencia de Alberto Fernández y terminaron de consumarse formalmente entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, ya bajo el mandato de Javier Milei.
El fallo de la Cámara: Ante la inactividad manifiesta del Estado, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal determinó el cierre definitivo del juicio por perención de instancia, condenando en costas a Vialidad Nacional.
El reparto millonario entre doce abogados
La regulación de honorarios, tasada en unidades de medida arancelaria (UMA) e IVA incluido, fijó cifras exorbitantes para los doce profesionales intervinientes:
El mayor beneficiario: El abogado Miguel Ángel Arce Aggeo —defensor y apoderado de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez— percibirá $3.714 millones de pesos (unos US$ 2.427.604), contemplando el 40% adicional por representación.
Defensas de Garro y Daruich: Mariano Fragueiro Frías (quien logró la absolución penal de René Garro) y Mario Fernando Ganora cobrarán $1.857 millones (US$ 1.213.802) cada uno.
Exfuncionarios clave: Los representantes de Nelson Periotti (Marcelo Sgro y Fernando Díaz Cantón), de Abel Fatala (Horacio Faillace y Lucio Simonetti) y de José López (Santiago Perlo y Gabriel Domenech-Achetone) recibirán $663 millones por profesional ($1.326 millones por defensa). En tanto, Oscar Vignale (abogado de Raúl Pavesi) percibirá $1.325 millones.
La defensa de Cristina Kirchner: Paradójicamente, quienes lograron extinguir el juicio civil fueron los que recibieron la menor regulación: Luis Goldín ($549,8 millones / US$ 359.354) y Fernando Muriel ($331,1 millones / US$ 216.410), sumando $880,9 millones de pesos (US$ 575.764) entre ambos.
La batalla final en el Máximo Tribunal
Frente a la regulación de aranceles dictada en abril de 2026, los jueces de Cámara Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier resolvieron el pasado 14 de julio suspender los pagos hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de queja interpuesto por Vialidad en un intento por revertir la caducidad. Ante este freno, los defensores de la exmandataria acudieron directamente al Máximo Tribunal mediante una presentación por "efectiva privación de justicia", argumentando que la mera queja estatal no tiene efectos suspensivos y exigiendo la liberación inmediata de los fondos millonarios.