El viernes pasado, el bloque de diputados provinciales del MID que preside Fernando Baigorrí e integra Javier Galán, inició el trámite de baja de Iván Luna Avellaneda como empleado de la Legislatura Provincial. El hombre, que se desempeñaba como asesor de bloque Nivel II, es uno de los principales testigos en la causa que investiga al diputado por amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.
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El bloque MID pidió la baja de uno de los denunciantes del diputado Javier Galán
Se trata de Iván Luna Avellaneda, quien respaldó el testimonio de la primera mujer que denunció al diputado provincial por presunto abuso sexual, peculado de servicios y exacciones ilegales.
Luna Avellaneda fue ofrecido como testigo por Daniela Solohaga, la primera mujer que denunció a Galán. En su declaración judicial, el joven relató que estaba nominalmente empleado en la Cámara de Diputados, pero que en los hechos debía prestar servicios en el Corralón San Javier, un comercio particular del legislador. Además, denunció que Galán lo amenazó para que desmintiera a Solohaga en su declaración y que debía entregar parte de su salario “en transferencias a terceras personas”.
La solicitud de baja de Luna Avellaneda se conoce el mismo día en que la Cámara de Diputados remitió al Juzgado de Control de Garantías N° 4 la documentación que certificaría la desvinculación de Daniela Solohaga. Según fuentes judiciales, los papeles confirman que la joven fue dada de alta y posteriormente de baja como empleada legislativa en fechas coincidentes con las señaladas en su presentación judicial.
Solohaga denunció a Galán por abuso sexual con acceso carnal y además detalló que el diputado la tenía nombrada en la Legislatura, la hacía trabajar en el Corralón San Javier y luego la había echado. Según su relato, fue designada “en los primeros días de enero” y luego internada por un cuadro de salud mental el 28 de marzo. Al recibir el alta médica, denunció y tomó conocimiento de que había sido separada de su cargo.
Galán negó esta versión y publicó en redes sociales un recibo de sueldo donde afirmaba que la joven seguía percibiendo su salario. Sin embargo, el decreto de baja no está disponible en la web y la Cámara habría informado que efectivamente fue desvinculada. El decreto de designación de Solohaga en la oficina de Galán, en cambio, está fechado el 12 de diciembre de 2025.
El contexto judicial
El juez Marcelo Sago acumula en su despacho cuatro denuncias contra Galán. La principal, por abuso sexual con acceso carnal, fue radicada por Solohaga. A esa se sumaron otras dos por abuso sexual simple, presentadas por mujeres que no tienen ni tuvieron relación laboral con la Legislatura. La cuarta, firmada por Luna Avellaneda, refiere a amenazas, peculado de servicios y exacciones ilegales.
El magistrado ya libró un oficio a la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) para establecer la situación societaria y la titularidad formal del Corralón San Javier. En los próximos días, además, se realizarán pericias sobre los teléfonos celulares de Solohaga y Luna Avellaneda, así como evaluaciones psicológicas para las tres mujeres que denunciaron abuso sexual.
La línea investigativa más sensible apunta al peculado de servicios, una figura prevista en el artículo 261 del Código Penal que establece penas de dos a diez años de prisión e inhabilitación perpetua para el funcionario público.
La defensa de Galán
En la segunda sesión ordinaria del año, el diputado exhibió fotografías del cadáver del exministro Juan Carlos Rojas y de María Soledad Morales para cuestionar la eficacia de la Justicia. “Pidan mi apartamiento, pero cuántos acá deberían estar presos”, lanzó.
También denunció una presunta persecución política y aseguró que sus fueros legislativos son la única garantía que le impide ser encarcelado por “gente como ustedes”, en alusión a la diputada Sonia Nabarro, su excompañera de fórmula. En sus intervenciones, el legislador también reclamó por la situación de Luciana Rodríguez, una trabajadora que lleva más de diez años con contrato precario y que fue detenida tras protestar por estabilidad laboral. Galán sostuvo que el caso evidenciaba un patrón de persecución contra quienes se enfrentan al oficialismo, además se mostró en apoyo de la marcha que la joven pautó para el día sábado.n