Abrió una matrícula en Córdoba para poder participar del juicio por el crimen del "Zar de la droga".
Javier Milei y Francisco Oneto
Francisco Oneto, el carismático abogado que comparten el presidente Javier Milei y el extraditable Fred Machado, estuvo en Río Cuarto en 2024 para defender a un narco acusado del crimen por encargo de su socio. Tuvo que tramitar la matrícula en Córdoba. Antes, estuvo en la ciudad por una causa de narcolavado.
El narcoescándalo que sacó del juego al candidato a diputado libertario José Luis Espert expuso el vinculo polémico entre Milei y Machado, precisamente porque comparten abogado. Oneto está al medio de un conflicto de intereses. Mientras el mandatario impulsa la entrega del sospechoso a la Justicia norteamericana, el rionegrino concentra todos sus esfuerzos en evitar ser expulsado de la Argentina.
El carácter inédito de las relaciones del abogado se expone mejor en un cuadro sinóptico que en un simple texto. No sólo muestra a Oneto como hilo conductor entre el presidente Milei y Machado, sino que también permite ver el brazo que conecta al letrado con dos de las causas penales de mayor voltaje en el fuero penal de Río Cuarto. Ambas, el narcoescándalo local y el asesinato de Claudio Torres, alias el “Zar de la droga”, lo tuvieron en la defensa técnica de los imputados.
En el primer expediente, que se tramitó en la Justicia Federal, el abogado porteño defendió a los hermanos Mariano Rivarola y Andrés Rivarola, acusados de realizar actividades de transporte y comercialización de cocaína y marihuana y lavado de activos, entre otros cargos. Todo, en el marco de una organización criminal preparada especialmente para esos cometer esos delitos.
Esa causa fue una de las más grandes en la persecución del lavado de activos en el sur de Córdoba, con decenas de allanamientos entre cajas de seguridad, depósitos, estudios contables y domicilios particulares. Además, derivó en el descabezamiento y la detención de parte de la cúpula policial local y el secuestro de una gran cantidad de bienes de origen ilícito.
En 2022, después de ocho años de instrucción, todo terminó en un juicio abreviado, donde el Tribunal Oral Federal II de Córdoba les impuso penas relativamente modestas a los 18 imputados, pero los forzó a desprenderse de porciones significativas de su patrimonio.
