Desde el Bloque sostuvieron que "el principio de legalidad, el control judicial efectivo y la defensa del salario como bien jurídicamente protegido son pilares básicos del sistema democrático".
El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical manifestó una "seria preocupación" por los fallos de la Corte de Justicia de Catamarca, la cual desestimó dos acciones de amparo: una contra la designación del Defensor del Pueblo, y otra contra el Decreto que modificó que régimen de aportes de OSEP. Los diputados calificaron esta desestimación como un "preocupante retroceso institucional".
Según manifestaron, ambos hechos expresan una validación de actos avasallantes del Poder Ejecutivo "que exceden sus competencias constitucionales y alteran el principio de división de poderes".
Con respecto a la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo, desde el bloque radical apuntaron que el decreto "modificó el procedimiento legal vigente" y "designó en comisión a un exministro del propio gobierno, antes de que la norma que habilitaba esa designación estuviera vigente".
"La propia Corte reconoció que esto plantea serias objeciones constitucionales, pero aun así rechazó el amparo por razones de 'admisibilidad, evitando pronunciarse sobre el fondo del asunto", sostuvieron. Y aseguraron que este hecho implica "un serio debilitamiento del control judicial sobre actos del Ejecutivo que afectan al equilibrio republicano".
Por otra parte, en cuanto al decreto que modifica el régimen de aporte a la OSEP, aseguraron que fue dictado durante el receso legislativo y, por tanto, sin ley formal que lo habilite.
"El voto en disidencia del Dr. Figueroa Vicario advirtió con claridad que dicho decreto vulnera el principio de legalidad, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el carácter alimentario de los salarios. Pese a ello, la mayoría del tribunal optó por desestimar el planteo también por supuestos requisitos formales, ignorando el mandato constitucional de proteger con especial énfasis los derechos fundamentales de los sectores más vulnerables", expresaron.
Por ello advierten: "La contradicción es evidente: en un fallo reciente sobre los ingresos de profesionales de la salud, la misma Corte sí declaró inconstitucional un decreto del Ejecutivo por similares motivos, lo cual deja en evidencia un tratamiento desigual frente a derechos equivalentes.
En el final del texto, sostuvieron que "ratificamos que el principio de legalidad, el control judicial efectivo y la defensa del salario como bien jurídicamente protegido son pilares básicos del sistema democrático". Y califican el accionar del Poder Ejecutivo como un "debilitamiento grave del Estado de Derecho".
Y, por último, realizaron las siguientes exigencias: "La inmediata revisión de los decretos en cuestión por los canales constitucionales correspondientes, el restablecimiento del principio de legalidad como base de toda decisión pública y la garantía de que los derechos de los trabajadores y la institucionalidad democrática no queden sometidos a la discrecionalidad de ningún poder".
