Un grupo de legisladores, encabezado por Guillermo Michel, solicitó un encuentro con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires y reclamó informes al Gobierno nacional sobre el tránsito del HMS Medway.
Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria solicitó una reunión con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, David Cairns, ante lo que consideraron una falta de respuesta del Gobierno nacional frente al tránsito de un buque militar británico por aguas bajo jurisdicción argentina.
La iniciativa se originó a partir de la polémica generada hace más de una semana por la navegación del HMS Medway, un patrullero de la Royal Navy que opera en el Atlántico Sur, en un tramo de su recorrido hacia Punta Arenas, Chile. Sobre ese tránsito circularon versiones contrapuestas acerca de si hubo notificación previa por parte del Reino Unido.
A esa polémica se sumó, días atrás, una versión sobre una escala técnica de un avión de la fuerza aérea británica en Montevideo, que no pudo ser confirmada oficialmente ante la falta de una oficina de prensa en la Cancillería argentina.
La iniciativa está encabezada por el diputado entrerriano Guillermo Michel y lleva las firmas de Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto Alí, Kelly Olmos, Moira Lanesan, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz. Además de solicitar la reunión con el embajador británico, los legisladores presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados. Por su parte, el diputado Pablo Jiuliano y otros legisladores del bloque Provincias Unidas presentaron pedidos de informes adicionales.
El pedido apunta a conocer si el Gobierno tuvo conocimiento previo del tránsito del buque, si el Reino Unido realizó una notificación oficial y por qué vía, si el desplazamiento se ajustó a los acuerdos bilaterales vigentes, qué protocolos activan la Armada, el Ministerio de Defensa y la Cancillería ante la presencia de un buque militar extranjero en aguas argentinas, y si el Poder Ejecutivo prevé presentar una protesta diplomática formal.
Según trascendió, dentro del Gobierno se registraron tensiones por el episodio. La secretaria del Área Malvinas, Paola Di Chiaro, habría buscado una postura más firme hacia el Reino Unido de lo habitual en ella, aunque esa posición no prosperó. También se conoció que, en la Armada, hubo malestar con la Cancillería, ya que se indicó que la comunicación británica sobre el tránsito del buque, ocurrido entre el sábado 4 y el domingo 5 de julio, se realizó de manera informal, a través de la aplicación WhatsApp.
Trascendió, además, que el canciller Pablo Quirno enviaría al diplomático Juan Manuel Navarro para presentar una protesta formal por el episodio.
Hasta el momento, la única respuesta pública del Gobierno nacional fue una columna de opinión publicada por Quirno en el diario La Nación, en la que sostuvo que la cuestión Malvinas se mantiene como una política de Estado y que su resolución debe buscarse por la vía pacífica y el diálogo con el Reino Unido. El texto también destacó la importancia estratégica del Atlántico Sur por sus recursos naturales y por su proyección hacia la Antártida, en momentos en que las empresas Navitas, de origen israelí, y Rockhopper, del Reino Unido, prevén iniciar la extracción de petróleo en la zona a partir de 2027.
Los legisladores impulsores del pedido, junto con representantes de Provincias Unidas y el gobierno de Tierra del Fuego, calificaron lo sucedido como un acto de provocación y remitieron al Acuerdo de Madrid II, firmado en 1990, que estableció medidas de confianza y mecanismos de intercambio de información militar entre ambos países tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas posteriores a la guerra de 1982.
El buque cuenta con derecho de paso conforme a los convenios internacionales vigentes. Sin embargo, los mecanismos bilaterales acordados entre ambos países prevén comunicaciones formales para evitar incidentes militares en el Atlántico Sur, un esquema vigente desde hace más de tres décadas.