Detuvieron en una protesta a una exintendenta y denunciaron persecución política
La ex intendenta y vicepresidenta de la UCR riojana fue arrestada durante una asamblea en el Colegio de Farmacéuticos provincial.
Continúa la agitación política en la provincia de La Rioja tras la detención de la exintendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria, ocurrida durante la noche del jueves. El episodio tuvo lugar en el marco de una asamblea del Colegio de Farmacéuticos, institución que atraviesa una fractura interna sin precedentes. La dirigente radical acusó directamente al gobernador Ricardo Quintela de utilizar a la justicia como una herramienta de persecución política.
La vicepresidente de la UCR, quien intervenía en calidad de abogada defensora, terminó bajo custodia policial luego de una serie de discusiones con los efectivos que realizaban un operativo en el interior del recinto profesional.
El origen del conflicto radica en la situación de Jorge Bordón, vocal de la mencionada entidad, sobre quien pesaba una orden judicial de restricción por una denuncia de violencia de género. Según los reportes locales, el hombre asistió a la reunión pese a la vigencia de una medida cautelar dictada por el Juzgado de Protección de Personas para evitar el hostigamiento hacia la presidenta del Colegio.
Como abogada juré defender la Constitución. Y anoche, por hacer exactamente eso, terminé siendo detenida y llevada en un patrullero junto a mi cliente a la Comisaría Primera, por una "orden verbal" del fiscal de turno.
La presencia del implicado motivó el llamado a la fuerza pública, lo que derivó en un procedimiento accidentado donde Brizuela y Doria cuestionó la legalidad de la intervención contra su cliente. Desde su cuenta personal en la red social X, la abogada denunció un "abuso de poder" y calificó la medida como un atropello al libre ejercicio de su profesión. La exjefa comunal sostuvo que el fiscal actuante, Luis González, dio una orden verbal sin respaldo de un escrito formal, convirtiendo a la Justicia en un "brazo ejecutor" de los intereses del gobernador Ricardo Quintela.