Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen pidieron a los senadores priorizar el bien común y advirtieron sobre cambios en la compra de tierras rurales.
La discusión legislativa en torno al polémico proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada y tierras sumó un actor de peso. Diversos sectores de la Iglesia Católica elevaron sus críticas a través de una carta abierta titulada "La tierra: madre, hermana y bien común", metiendo presión de lleno en la agenda del Senado de la Nación.
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo —que contempla la flexibilización de normativas clave— encendió las alertas de obispos y organizaciones sociales, quienes advierten sobre el impacto directo que tendría en el territorio nacional.
En el documento firmado de forma conjunta por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y la Pastoral Aborigen, los referentes religiosos hicieron un llamado directo a los legisladores para que prioricen "el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que los intereses particulares".
Entre los puntos más cuestionados del proyecto figuran:
Compra de tierras por extranjeros: El texto advierte que la normativa deja sin efecto las limitaciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
Zonas estratégicas y recursos naturales: Se señala con preocupación la habilitación de acceso ilimitado a áreas de reservas de agua y otros bienes naturales indispensables.
Uso de tierras incendiadas: La Iglesia objetó los artículos que permiten la utilización inmediata de superficies afectadas por incendios forestales, eliminando restricciones históricas para su manejo.
Pérdida de poder estatal: Según los firmantes, el proyecto debilita la potestad del Estado en sus diferentes niveles para gestionar el ordenamiento territorial, planificar obras y proteger a los sectores más vulnerables frente al avance de intereses privados.
Apelando a conceptos sobre el destino universal de los bienes, el comunicado enfatiza que los recursos naturales no pueden reducirse a un simple activo económico.
Para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra representa un hogar y sustento vital, por lo que la desregulación propuesta es vista como un retroceso en la soberanía de los alimentos y de los bienes comunes.
Con el debate parlamentario en marcha y la discusión instalada en la Cámara alta, las advertencias de la Iglesia suman un fuerte condimento político y social a una iniciativa que ya enfrenta resistencia en distintos sectores de la oposición y organizaciones civiles.
