Una presentación judicial sostiene que la diputada habría omitido informar deudas, bienes inmuebles y otros datos patrimoniales en su declaración ante la Oficina Anticorrupción.
La diputada libertaria Lilia Lemoine enfrenta dos denuncias judiciales que complican al oficialismo. La acusan de haber omitido información en su declaración jurada y de haber utilizado un contrato del Congreso para pagar a su abogado particular. A eso se suma un dato incómodo: aún no presentó la declaración jurada de 2024.
Las denuncias fueron presentadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes pusieron el foco en la declaración jurada que Lemoine presentó en octubre de 2024, correspondiente al período anterior.
Según explican, la diputada nunca entregó la declaración jurada inicial, un documento que todos los funcionarios deben presentar dentro de los primeros 30 días hábiles después de asumir el cargo. Lemoine asumió como diputada el 10 de diciembre de 2023.
La única declaración que presentó fue la correspondiente a 2023 y allí aseguró que no tenía bienes, deudas ni gastos personales, y que su patrimonio era de cero pesos.
Pero los registros públicos muestran otra realidad. Según la Central de Deudores del Banco Central, al 31 de diciembre de 2023 la cosplayer tenía una deuda de 502 mil pesos con cuatro entidades financieras.
Entre ellas aparecía una deuda con Tarjeta Cencosud en situación 4, una categoría que refleja un importante atraso en los pagos. También registraba compromisos con el Banco Ciudad y créditos asociados a Mercado Libre.
“El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”, explicó a Página 12 el abogado Facundo Pérez Ernst.
Según detalló, Lemoine canceló esas deudas una vez que empezó a cobrar su sueldo como diputada. Sin embargo, eso no la eximía de informar cuál era su situación patrimonial al momento de asumir el cargo.
Las dudas también alcanzan a los inmuebles. Los denunciantes sostienen que Lemoine debió informar la casa en la que vive actualmente y que heredó de su madre.
La diputada argumentó públicamente que no la incorporó porque la sucesión todavía no está terminada. Sin embargo, Pérez Ernst sostiene que, al ser hija única, ya posee derechos sucesorios y debió incluirla en la declaración.
Además, un testigo de identidad reservada aseguró que existirían otras propiedades vinculadas a la legisladora en Belgrano e Ituzaingó. Esa información todavía no fue corroborada por la Justicia.
El segundo frente judicial nació por una declaración de la propia Lemoine. En una entrevista reconoció que los honorarios de su abogado penalista eran cubiertos a través de un contrato de asesor dentro de la Cámara de Diputados.
La denuncia quedó en manos del juez Ariel Lijo, quien ya citó a los denunciantes para ratificar la presentación. La investigación busca determinar si existieron delitos vinculados al uso de recursos públicos para fines privados.
Según los denunciantes, a partir de esa causa el abogado dejó la defensa de la diputada y anunció su salida del Congreso, aunque esa situación todavía no fue confirmada oficialmente.
Consultado por Página 12, el abogado de Lemoine, Hernán Seivane, minimizó las acusaciones. “Cuando la fiscalía diga que hay algo raro, contestaré. De momento no hay nada”, aseguró.
También relativizó las inconsistencias detectadas en la declaración jurada. “No soy contador, oportunamente hablaré con un contador en caso de que haya algún error material en la misma”, agregó.
El caso deja al oficialismo frente a una contradicción incómoda; una de sus dirigentes más combativas ahora deberá responder preguntas sobre su propia transparencia.
