El Gobierno, mediante el cuerpo de abogados del Estado, presentó un per saltum contra el dictamen de la justicia que prohibió a García Mansilla la firma de fallos en la Corte Suprema durante un lapso de tres meses. Esta presentación fue realizada por Santiago Castro Videla, procurador del Tesoro de la Nación, quien solicitó a la Corte que declare "los efectos suspensivos" del recurso extraordinario "por salto de instancia" y, de esta forma, disponga nuevamente la vigencia del Decreto N° 137/25 mediante el cual fue designado el abogado Manuel García Mansilla.
