La entidad vial cuestionó un decreto del Ejecutivo nacional y advirtió sobre posibles impactos en la seguridad, la economía y el federalismo.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó un “fuerte rechazo” al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dispone la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante el cobro de peajes directos. La entidad consideró que la medida es “ilegal, inconstitucional e inoportuna” y advirtió sobre sus posibles consecuencias económicas y sociales.
Según el comunicado difundido por la organización, el Decreto 253/72026 carecería de una ley formal que lo respalde, requisito que, de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso. En ese sentido, el CONADUV sostuvo que la decisión del Ejecutivo “viola los principios de legalidad, razonabilidad y federalismo”.
La entidad también cuestionó que no se haya previsto una transferencia presupuestaria para acompañar la eventual cesión de la red vial a las provincias. “Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la red vial”, señalaron, al tiempo que plantearon que los fondos del impuesto a los combustibles no se estarían destinando a su finalidad original.
En relación con el sistema de financiamiento propuesto, el CONADUV advirtió que el cobro de peajes podría constituir un “impuesto encubierto” si no está respaldado por una ley ni garantiza una contraprestación efectiva. En el documento se citan criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establecen que “no hay tributo sin ley” y que el principio de legalidad es de cumplimiento estricto.
Asimismo, la organización argumentó que la transferencia de rutas nacionales a las provincias requeriría una norma específica del Congreso y una asignación de recursos adecuada. De lo contrario, sostuvieron, se produciría una “afectación del sistema federal” al trasladar cargas económicas sin financiamiento.
El comunicado también plantea que la medida podría resultar irrazonable, al superponer el cobro de peajes con otros tributos ya vigentes, como el impuesto a los combustibles. En esa línea, advirtió sobre una posible “doble imposición” y cuestionó la falta de garantías sobre la prestación del servicio vial.
Otro de los puntos señalados por la entidad es el impacto potencial en derechos constitucionales. Según el CONADUV, el esquema propuesto podría afectar el derecho a transitar libremente y el derecho de propiedad, en caso de que se establezcan peajes sin alternativas de circulación gratuita.
En términos económicos, la organización alertó que la implementación del sistema podría afectar la logística productiva, las economías regionales y la competitividad, al encarecer los costos de transporte y restringir la circulación.
Frente a este escenario, el CONADUV propuso avanzar en un “proyecto vial nacional integral” que contemple la totalidad de la red caminera y garantice el uso específico de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles. Además, planteó la necesidad de fortalecer el rol de la Dirección Nacional de Vialidad y desarrollar un sistema de transporte multimodal que incluya infraestructura vial, ferroviaria y fluvial.
Finalmente, la entidad exhortó a autoridades nacionales, provinciales y municipales a “cumplir con la Constitución Nacional” y advirtió que “sin caminos libres de pago, no hay libertad de circulación”.