El referente de la CC-ARI cuestionó al Gobierno y a los colegios profesionales tras las intimaciones legales al diputado por el reparto de remedios.
El conflicto en torno al Banco de Medicamentos impulsado por el diputado del MID, Javier Galán, sumó un nuevo capítulo de repercusión política. Tras conocerse la denuncia penal que tramita en la Fiscalía de Instrucción Nº3 a cargo de Jorge Palacios, el referente de la CC-ARI e hijo del exdiputado nacional Rubén Manzi, Mariano Manzi, salió a respaldar públicamente al legislador y lanzó duras acusaciones contra el oficialismo y las entidades profesionales intervinientes.
"Catamarca, tierra de aprietes y carpetazos", disparó el abogado y dirigente opositor. Para Manzi, las medidas adoptadas configuran una persecución ideada desde los sectores gubernamentales: "Es llamativo las reacciones del poder en nuestra provincia, ante una propuesta que nace con finalidad de ayuda solidaria, que a su vez demuestra el terrible déficit en materia de salud, el poder elige apretar".
El dirigente lamentó que las instituciones intermedias no hayan tomado una postura constructiva frente a la iniciativa comunitaria. "Qué bueno hubiera sido que los colegios de profesionales mostraran predisposición a los fines de mejorar un proyecto; pues no, eligen amedrentar como meros inquisidores", planteó, advirtiendo que "en el medio quedan los catamarqueños que a estas alturas ni siquiera tienen acceso a medicamentos".
En esa misma línea, Manzi vinculó este episodio con una supuesta metodología de disciplinamiento hacia el arco opositor. "A las ya conocidas causas judiciales para poner en línea a opositores, ahora sumamos instituciones intermedias que responden de forma automática al gobierno y que salen al ataque", denunció.
Para respaldar sus dichos, el referente opositor difundió las notificaciones legales enviadas a Galán el pasado 29 de junio, las cuales exigen el cese de la actividad en un plazo perentorio de 24 horas bajo apercibimiento de iniciar acciones penales. Por un lado, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, a través de su apoderado legal Federico Ibáñez Hlawaczek, intimó al legislador señalando que su actividad de acopio y expendio "estaría violando numerosas normas" (entre ellas las leyes de farmacia 17.565 y 5.410) y el artículo 208 del Código Penal. Desde la entidad advirtieron que la iniciativa "pone en riesgo en forma directa la Salud Pública de la Provincia" y afirmaron que, ante la "liviandad" con la que se actúa, la conducta "tipifica en el delito de Ejercicio Ilegal de la Medicina".
En sintonía, el Ministerio de Salud provincial intervino mediante su Director Provincial de Asuntos Legales, Ricardo Martín Villagra. La cartera sanitaria notificó formalmente a Galán que el depósito y distribución gratuita u onerosa de remedios en lugares no habilitados constituye una "actividad ilegal y peligrosa". La cédula concluye con una exigencia tajante: "Cese de inmediato, bajo cualquier título el expendio, depósito, tenencia, acopio o distribución de medicamentos... como así también se abstenga de promocionar, ofrecer o publicitar por cualquier medio, incluidas redes sociales".
