El diputado Hugo Ávila (FAC) había presentado un proyecto en la Cámara baja por el que solicitaba al Poder Ejecutivo Provincial, que cierre y clausure la planta de tratamiento y la disposición final de residuos peligrosos, instalada en Andalgalá, por no cumplir con lo que establece la legislación.
En otro artículo sugiere la relocalización de la planta a una distancia de por lo menos 30 km de cualquier centro urbano.
En la fundamentación, Ávila señaló que ya en mayo había advertido la situación: "Todas estas advertencias las habíamos planteado en el mes de mayo de este año, cuando pudimos observar cómo ejecutaban las tareas de transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos la empresa Hábitat Ecológico, que realizaba las tareas que hoy efectúa la empresa All Service.
"Es llamativo también que la empresa Hábitat Ecológico cobraba en el mes de mayo $ 89.400.000 por mes, y ahora la firma All Service reciba de la provincia $ 700.000.000, ¿hubo tanta inflación en Argentina en tan poco tiempo?, ¿o esto es un hecho más de corrupción de la gestión de Jalil?", se pregunta en la iniciativa.
Luego, concluye que "la planta instalada en Andalgalá no cuenta con la implementación de tecnología avanzada y prácticas de manejo responsables de estos residuos, es evidente que el proceso de incineración no cumple con todos los pasos, como ser el tratamiento de los gases resultantes de dicha incineración que permitan reducir las emisiones de los mismos".