La diputada provincial Alicia Paz de la Quintana (UCR) presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Obra Pública, informe cómo se generó el déficit de $11.177 millones que acumuló la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP) entre enero y septiembre de 2026, con qué recursos se cubrió y si la cifra incluye obligaciones de regímenes previsionales con financiamiento distinto.
Alicia Paz pidió informes por el déficit de $11.177 millones de la AGAP
La diputada busca saber con qué recursos se cubrió el desequilibrio y si la cifra incluye obligaciones del Tesoro.
La iniciativa surge a partir de la explicación oficial, que atribuyó el desequilibrio a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones nacionales, a los aumentos salariales provinciales y al crecimiento de la cantidad de beneficiarios. Según planteó la legisladora en un comunicado, esa explicación no incluyó información que permita conocer la verdadera composición del déficit. “No alcanza con responsabilizar a la Nación por la evolución de las jubilaciones”, sostuvo, y recordó que la Provincia creó un régimen complementario “precisamente para garantizar la diferencia entre los haberes nacionales y el 82% móvil”.
El pedido cuestiona la información sobre los dos regímenes que administra el organismo. La Ley Provincial 5192 establece una asignación complementaria para jubilados y pensionados anteriores a la transferencia del sistema previsional a la Nación, un financiamiento que constituye una obligación asumida por la Provincia. El Decreto Acuerdo 127/2011, en cambio, creó un régimen complementario que se financia con aportes y contribuciones específicos.
Sobre esa distinción, la diputada planteó la duda central del pedido: “Es fundamental saber si los casi $11.200 millones corresponden realmente al déficit de la caja complementaria o si dentro de esa cifra se están incluyendo obligaciones que debe afrontar el Tesoro Provincial”. Y agregó: “Son dos regímenes diferentes y la sociedad tiene derecho a conocer cómo se financia cada uno”.
La legisladora destacó que los beneficiarios originales de la Ley 5192 pertenecen a un universo previsional anterior a julio de 1995, por lo que es esperable que su cantidad disminuya por razones demográficas, y pidió información sobre su evolución.
Paz de la Quintana puso además el foco en los aumentos salariales de los empleados públicos provinciales, que la explicación oficial señaló como una de las causas del déficit. Advirtió que esas mejoras pueden incrementar las asignaciones complementarias que paga AGAP, pero que también elevan los aportes personales y las contribuciones patronales cuando integran la base contributiva. “No se puede presentar el aumento de los salarios como una causa del déficit sin explicar cuánto aumentó también la recaudación”, remarcó.
Otro de los interrogantes se refiere al origen de los recursos con los que se cubrió el desequilibrio. Según la información difundida, el déficit se atendió con previsiones financieras del organismo, pero no se precisa si se utilizaron ingresos corrientes, reservas acumuladas, inversiones o transferencias del Tesoro Provincial. Por eso la diputada pidió conocer los saldos financieros, las inversiones realizadas, los rendimientos obtenidos y la situación de los fondos destinados al pago de las asignaciones complementarias. El proyecto también reclama datos sobre los créditos que otorga AGAP y los estudios actuariales disponibles.
El pedido contempla 31 requerimientos de información y fija un plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo responda, con documentación contable, presupuestaria y financiera. “No buscamos generar incertidumbre entre los jubilados, sino todo lo contrario: queremos certezas. Si existe un déficit de esta magnitud, el Gobierno debe explicar cómo se produjo, qué hizo para prevenirlo y qué medidas adoptará para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previsionales. La transparencia no es una opción, es una responsabilidad del Estado”, concluyó.
