El organismo aseguró que la disposición del Juzgado Penal del Centro Judicial de Tucumán vulnera el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, pidió respetar el fallo.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su enérgico repudio por la decisión del Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordena el cese inmediato de la difusión -por cualquier medio televisivo, radial, digital o en redes sociales- de contenidos que cuestionen o critiquen al Ministerio Público Fiscal y a sus funcionarios.
"ADEPA ha sostenido de modo constante que ninguna autoridad estatal, sea judicial o administrativa, puede disponer la censura previa ni prohibir la difusión de información o de opiniones, en especial cuando se trata de expresiones referidas a funcionarios públicos o a hechos de interés institucional", indicó la asociación.
En un comunicado, sostuvo que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido con claridad que toda medida preventiva que limite la circulación de información constituye una restricción ilegítima de la libertad de pensamiento y de expresión, con la única excepción de la protección de niños, niñas y adolescentes".
"En un sistema democrático, los actos de comunicación y crítica sobre la actuación de los poderes públicos sólo pueden dar lugar a responsabilidades ulteriores, pero nunca a prohibiciones preventivas de publicación o difusión. Medidas de este tipo resultan contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y lesionan el derecho de la ciudadanía a informarse y a debatir sobre asuntos de relevancia pública", recalcó ADEPA.
