La exsecretaria de Medio Ambiente del gobierno kirchnerista Romina Picolotti fue condenada a tres años de prisión en suspenso por defraudación en perjuicio de la administración pública. La condena incluye la obligación de restituir al Estado Nacional la suma de 6.941.170 pesos, que deberá entregar al actual Ministerio de Medio Ambiente. El fallo fue leído ayer por la tarde por la presidenta del tribunal oral federal número seis, Sabrina Namer, acompañada en la plataforma virtual Zoom por sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel.
Picolotti, quien asistió a la audiencia (y a todo el juicio) desde Estado Unidos, donde reside y trabaja actualmente, no irá a prisión, pero deberá respetar durante tres años reglas de conducta, entre ellas presentarse periódicamente en una sede diplomática en el extranjero e informar sobre cualquier cambio en su condición migratoria.
Esta mañana, antes de conocer el veredicto, Picolotti había proclamado su inocencia, tal como lo hizo su defensa en la audiencia de alegatos: "Yo no cometí ningún delito".
En ese sentido, pidió su absolución e insistió en la prolongación del proceso, que insumió 14 años, lo que consideró un "exceso" en el "plazo razonable" para una causa judicial.
Picolotti fue condenada por utilizar fondos estatales para gastos personales, entre ellos comidas, perfumes, flores, alimento para mascotas, sahumerios y vuelos charters para familiares y allegados.
La defensa había pedido, además, la declaración de "prescripción" de la causa por violación al principio de "plazo razonable" para resolver un proceso judicial.
Picolotti basó su defensa en que los gastos suntuarios que se le atribuyen no solo no están probados sino que tampoco se realizó un peritaje caligráfico para establecer si la autorización de gastos fue firmada por ella. "No hubo pericia caligráfica ni contable. Se me acusa de un delito que no está probado", insistió desde la plataforma Zoom, a través de la cual se realizó el juicio. "Pido a los jueces que se aplique el derecho de manera objetiva e imparcial", había dicho antes de que se conociera la sentencia. El fiscal Diego Luciani había pedido la pena de tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo.
El Tribunal resolvió, en el veredicto, "no hacer lugar a la prescripción" y rechazar también el resto de las nulidades planteadas por la defensa.
En cuanto a la restitución del dinero, ello no se hará efectivo hasta tanto la sentencia quede firme, pero el tribunal le advirtió que una vez cumplida esa etapa podrá ejecutar sus bienes embargados para hacer frente a esa parte de la condena.
Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 25 de noviembre a las 16.
Inhabilitada de por vida Picolotti, fue funcionaria de los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner y fue acusada por el delito de defraudación al Estado al pagar gastos familiares y personales con fondos públicos. Fue inhabilitada de por vida para volver a ejercer cargos públicos.
La exfuncionaria es abogada, especializada en derecho ambiental, que se desempeñó como secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre 2006 y 2008; además es fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA).
Al Gobierno nacional ingresó el 7 de junio de 2006 durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, y cuyo jefe de Gabinete era el actual primer mandatario Alberto Fernández. Luego del cambio de gobierno, la abogada continuó en el cargo con la llegada de Cristina Fernández de Kirchner.
En 2008 dejó la función pública bajo sospecha de administración fraudulenta por irregularidades en el manejo de fondos. Entre otras actividades de su función estaba al mando del saneamiento del Riachuelo.
En junio del último año que ejerció como secretaria de Ambiente se produjeron quemas pastizales en la zona sur de Entre Ríos y el humo llegó hasta ciudad de Buenos Aires donde permaneció por varios días. La funcionaria fue cuestionada porque no previó la utilización de aviones hidrantes para atacar el fuego y los incendios se descontrolaron.
Picolotti fue procesada por primera vez por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, al considerar que en su gestión (2006 a 2008) usó dinero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados.
Por otro lado, se comprobó el uso de vuelos privados para su desplazamiento entre distintas provincias; pasajes aéreos para familiares y amigos, y consumos de uso personal rendidos como gastos de la Secretaría a su cargo.
