jueves 28 de marzo de 2024
el banco central giró otros $60.000 millones al tesoro

Sigue acelerándose la emisión monetaria en el país

En lo que va del año ya envió un total de $770 millones. El mayor ritmo de giros se realizó en la segunda mitad de 2021.

El Banco Central continúa con los giros al Tesoro para hacer frente al aumento del gasto y en la primera semana de septiembre ya transfirió unos $60.000 millones.
A lo largo del año ya envió un total de $770.000 millones, aunque el mayor ritmo de giros se dio a partir de la segunda mitad de 2021. Particularmente en julio se comenzó a consolidar una aceleración en términos de las necesidades de pesos cubiertas por la autoridad monetaria.

A su vez, se deben tener en cuenta las dificultades por parte del Tesoro en las últimas colocaciones de deuda, un hecho que algunos economistas ya habían señalado como clave, dado que luego se iba a recurrir a la emisión tanto para cubrir el déficit como los montos que no se puedan refinanciar. El último envío de dinero fue concretado el viernes 3 de septiembre en concepto de "Transferencia de utilidades".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, remarcó que su intención es no depender de la emisión para obtener financiamiento de eventuales déficits, pero aclaró: "Una cosa es reducir el déficit fiscal y otra cosa es hacer un ajuste del gasto público".
"Hasta fin de año tendremos $1 billón más de emisión fiscal y más de medio billón por el cuasifiscal", calculó GRA Consultora.
El director de esa entidad, Gabriel Rubinstein, consideró que "si hay un dominio completo de la situación fiscal, no hay que emitir ni un solo peso mas y se puede encontrar una vía de baja de la inflación en poco tiempo".

"En el caso de la Argentina es muy importante tener equilibrio fiscal para bajar la inflación. Es un requisito", evaluó y analizó: "Va a haber que comprometerse con un sendero de ajuste fiscal aunque sea más gradual o menos gradual", insistió el economista en declaraciones radiales.

Los analistas insisten en que durante la primera mitad del año se dieron factores estacionales que se reflejaron en menores necesidades fiscales, pero aclaran que ello se modificó, por lo que es esperable más presión durante el segundo semestre. 
Para el Gobierno, será clave enfrentar la aceleración de la expansión monetaria. De ese modo, tras las elecciones, será necesario acelerar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que permita evitar un salto del dólar, con el consiguiente impacto en la inflación y en la pobreza.

Para lograr un entendimiento con el Fondo Monetario, la Casa Rosada tendrá que garantizar una reducción del déficit, además de acelerar la devaluación, que actualmente se encuentra muy por debajo de la inflación.

 

Aumento del gasto
Por otra parte, se conoció que el Poder Ejecutivo dispuso en lo que va del año gastos que superan la autorización que le dio el Congreso en la ley de Presupuesto por $1.122.853 millones, por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y ocho decisiones administrativas.

En el mismo lapso, los ingresos del sector público tuvieron un incremento de $893.025 millones en relación con los previstos en la ley sancionada en noviembre de 2020, de lo que resultó una desmejora del resultado financiero de $229.828 millones.
De esta manera, las medidas de incremento de los recursos y las erogaciones que tomó el Poder Ejecutivo a lo largo del año representaron un aumento del 13,37% en el gasto y del 12,86% en los ingresos, con el consiguiente crecimiento del 29% en el déficit primario y del 15,81% en el financiero.

Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el incremento del déficit financiero de $229.828 millones se financió con un aumento de $162.394 millones en las fuentes financieras y una reducción de $67.433 millones en las aplicaciones financieras.

Las razones de la suba tanto en el gasto como en los ingresos se encuentran principalmente en una inflación que superó la proyección de un 29% anual con la que se elaboró el Presupuesto, pero también al recrudecimiento de la pandemia de coronavirus, que obligó a realizar una serie de gastos que no se habían previsto en la denominada "ley de leyes".

El primero de los motivos es habitual en la administración del sector público, si se tiene en cuenta que en las últimas dos décadas nunca se cumplió con la pauta inflacionaria establecida en cada presupuesto, lo que llevó a la aplicación de modificaciones tanto por los DNU del presidente en acuerdo de ministros como por decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete. Esas modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo deben ser validadas posteriormente por el Legislativo y, dentro de ciertos límites, están permitidas por la ley de Administración Financiera.

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