fundamentos del juez héctor maidana

Defienden el acceso a la justicia por cuestiones ambientales

El magistrado consideró que no puede haber restricciones cuando se trata de una denuncia por impacto ambiental.
15 de agosto de 2021 - 01:04 Por Redacción El Ancasti

El juez de Control de Garantías, Héctor Rodolfo Maidana, argumentó que, de acuerdo con la Ley General de Ambiente, el acceso a la justicia por cuestiones ambientales no admite restricciones de ningún tipo. 

El magistrado permitió que la presidenta y el vice del radicalismo de FME, Marita Vergara y Juan Pablo Acevedo, sean querellantes particulares en la causa que investiga el derrame de desechos cloacales por parte de camiones que serían de la municipalidad de Fray Mamerto Esquiú. Antes, el fiscal Facundo Barros Jorrat se había opuesto a la participación de los dirigentes por entender que no encuadraban en la figura del "particular ofendido", es decir que no eran directamente afectados por el derrame de líquidos cloacales en el río del Valle.

En la resolución, Maidana atendió que Vergara y Acevedo son vecinos del lugar en el que se habría producido el impacto ambiental que diera lugar a la denuncia. 

"Tienen -prima facie- un interés concreto y diferenciado resultando plenamente razonable que reúnen la condición de ofendidos y por lo tanto se encuentran habilitados para intervenir como querellantes particulares", sostuvo. 

Haber obtenido esta legitimación en la causa le permitirá a Vergara y Acevedo acceder al expediente para conocer de cerca cuáles son los pasos de la investigación, ya que la denuncia recae contra el intendente de Fray Mamerto Esquiú, Guillermo Ferreyra.
En los fundamentos, Maidana consideró que el fiscal Facundo Barros Jorrat no contempló que el planteo de las autoridades del Comité Departamental de FME era por una cuestión ambiental. 

En este sentido, en la fundamentación señala que en relación con el rol de los particulares en las causas por delitos contra el medio ambiente, el Código Procesal Penal, tradicionalmente, exigió como requisito para su intervención que aquéllos deben acreditar un derecho particular afectado. “Ahora bien, en lo que respecta a la legitimación procesal para delitos contra el medio ambiente existe una tendencia a que se amplíen estas reglas como consecuencia de la materia investigada, atento a las nuevas previsiones impuestas por el artículo 43 de la Constitución Nacional, en materia de legitimación activa ambiental. Actualmente se admite y propicia la extensión de las reglas constitucionales a cualquier tipo de acción y no solo al amparo”.

Luego consideró que la figura del “particular ofendido” a la que hace referencia el Código Procesal Penal no se puede aplicar en este tipo de delitos. Sostiene que existe una tendencia a nivel doctrinal como jurisprudencial a "ensanchar los límites de la legitimación procesal activa, en atención a las características de la materia involucrada". 

“La figura del damnificado, reducida a la del individuo particular ofendido, como la del ordenamiento procesal penal debe ser aggiornada para ser aplicada en este tipo de procesos. Entendemos que esta situación coadyuva vigorizar el acceso a la justicia dado que la sociedad civil cuenta con nuevos mecanismos que posibilitan una mejor participación en estos procedimientos judiciales”, señaló Maidana al citar jurisprudencia del año 2012.

En otro párrafo de la argumentación sostiene que en materia ambiental existe amplitud de la legitimación activa la cual deriva no solo del derecho a disfrutar de un ambiente sano, reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional a todos los habitantes, "sino también del uso del amparo por toda persona agraviada o por todo afectado en un grado menor o potencial, presente o futuro por el daño ambiental". 

Maidana destacó que la ley general de Ambiente establece de manera imperativa que el acceso a la Justicia por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y especie. "La norma es contundente, el acceso es calificado como irrestricto, lo que significa sin condiciones, sin limitaciones, sin reservas", argumentó al citar a autores en materia de derecho ambiental.

LA INVESTIGACIÓN

El fiscal Facundo Barros avanzó con los testimonios vinculados a la causa. Aguarda un informe que debe presentar el ministro de Agua, Energía y Ambiente, Alberto Kozicki.

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