El juez Rodrigo Morabito asumió la presidencia del Tribunal de Apelaciones que tiene la causa que involucra a los excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá ante la licencia prolongada de su presidente el juez Correccional de Segunda Nominación, Diego Chayle Costilla. Según fuentes judiciales emitió un decreto para conformar el nuevo Tribunal junto al juez Fabricio Gershani Quesada. Al haberse agotado la lista de jueces y fiscales del fuero penal para integrar el tribunal, dado que se inhibieron por distintos motivos, se recurrirá ahora al fuero civil hasta que algún funcionario judicial acepte integrar el Tribunal de Apelaciones. La medida se tomó en la última semana cuando fue pública la situación de licencia del juez Chayle Costilla. De acuerdo con información a la que pudo acceder este diario, Chayle Costilla se encuentra con licencia psiquiátrica desde hace un mes aproximadamente y sería hasta finales de julio.
No obstante, desde febrero se encuentra con licencias. Según se informó, estuvo con una licencia por enfermedad. Luego, hizo uso de una licencia por motivos personales y finalizado este permiso, la Corte de Justicia había resuelto el receso judicial extraordinario por motivo de la crisis sanitaria por coronavirus COVID-19. Reanudada la actividad tribunalicia, había solicitado la licencia de la que actualmente hace uso. Según trascendió, Chayle Costilla no había informado a sus pares de su situación y como él era el presidente correspondía que tome las determinaciones. El expediente de la causa había quedado en su despacho desde febrero. Antes las circunstancias,
Morabito pidió la causa, obtuvo autorización para acceder a la misma y asumió como presidente del Tribunal, decisión que lo faculta para movilizar el expediente y tomar decisiones. Morales y Da Prá fueron protagonistas de un escándalo al viralizarse un video el 29 de junio del año pasado en el que se los observaba supuestamente recibiendo dinero para revocar la excarcelación de un sujeto que estaba privado de su libertad en el Servicio Penitenciario.
Tras el escándalo se iniciaron dos causas, una penal y una administrativa. El Jury de Enjuiciamiento, que había avanzado con la acusación ya formulada por el fiscal del Jury, quedó sin efecto tras la renuncia de ambos sindicados.
La causa tiene varias presentaciones para resolver tal como la apelación planteada por las defensas de los excamaristas a la resolución del Juzgado de Control de Garantías N°2, a cargo de Cecilia Mas Saadi, quien había rechazado la nulidad planteada al dictamen con el que se imputó a ambos. El 7 de diciembre del año pasado iba a ser la audiencia, pero fue suspendida y aún no tiene fecha de realización. Ambos excamaristas fueron imputados en octubre pasado por el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Facundo Barros Jorrat, por el delito de “cohecho pasivo agravado” por el video en el que quedaron filmados presuntamente cobrando una “coima”.
Al conocer la imputación, los exjueces se opusieron al procedimiento y presentaron una nulidad al dictamen de imputación. También está pendiente de resolver la apelación que presentó el Estado para constituirse en querellante. En las últimas semanas la Cámara de Senadores movilizó pedidos de informes, a instancias del senador Maximiliano Brumec, ya que el escándalo cumplió un año sin avances en la Justicia. La respuesta de la fiscal general, Milagro Vega, puso en evidencia que 10 funcionarios judiciales se inhibieron para evitar integrar el Tribunal de Apelaciones.
