Para el fiscal de la causa conocida como la Mesa Judicial del macrismo, Franco Picardi, el gobierno de Mauricio Macri realizó espionaje ilegal contra la ex procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y una de sus hijas.
De acuerdo a la investigación del fiscal Picardi, el gobierno de Macri utilizó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y la dirección de Migraciones para recopilar información sobre Gils Carbó. Además de la plataforma Nosis, que presenta información sobre la situación crediticia, fiscal y comercial.
Según identificó la fiscalía, también fueron espiados con los mismos métodos la jueza de Casación Ana María Figueroa, la camarista civil Marcela Pérez Pardo y los camaristas del fuero laboral Néstor Rodríguez Brunengo y Mirta González Burbridge.
El fiscal Picardi les pidió informes a la AFI, la AFIP y la Anses para saber quiénes dentro de esos organismos hicieron la búsqueda de datos privados, quién dio la orden y con "qué razones y/o justificaciones", ya que nada de eso se puede hacer sin una causa judicial que lo requiera. No son las únicas dependencias involucradas. Sobre los jueces y juezas también se solicitaron datos desde el Ministerio de Seguridad, la Policía Federal y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Estas últimas son búsquedas de 2018 y 2019, siempre durante el gobierno de Macri.
“Esto corrobora que hubo un aparato estatal organizado para ejercer presión sobre funcionarios y magistrados --dijo Gils Carbó en declaraciones periodísticas--. En mi caso, para llevarme a la renuncia y acceder así a un mayor control del sistema judicial. Como dije en mi declaración en la causa de la mesa judicial, ejercieron violencia privada estatalizada. Lo hicieron contra mi persona, contra mis hijas, con dos jueces (Claudio Bonadio y Julián Ercolini) que fueron los alfiles que cumplían la misión. Algunos accesos a información mía (migraciones y Nosis ) son anteriores a la causa por la compra del edificio. Se ve que ya estaban buscando para ver con qué me podían extorsionar o presionar.”
