La Municipalidad de Fiambalá "aclaró" que hubo una "mala interpretación" del acuerdo por la expropiación del complejo termal, y que la decisión responde a un apoyo de la Provincia para lograr la administración municipal del lugar normalizado. Por su parte, se sumaron más planteos en la Legislatura.
En un comunicado que difundió en su sitio oficial, la Municipalidad aseguró que el acuerdo con el Gobierno de la Provincia es por el saneamiento de los títulos del complejo termal y las parcelas adyacentes. "Es una deuda de años. El Ejecutivo municipal viene trabajando en función de ello para lograr la titularidad que históricamente ha correspondido y corresponde a la comunidad de Fiambalá", expresaron.
Según detallaron, la Municipalidad inició en primera instancia una prescripción adquisitiva administrativa, ya que cumplía con todos los requisitos necesarios para ello. "Ante la oposición y presentaciones por parte de otras personas sobre dichas parcelas es que se buscó la vía legal que es la expropiación. Para esto recibimos el apoyo y la colaboración del Estado Provincial, quien por ley buscará declarar de utilidad pública un bien que en los hechos nunca dejó de corresponder a Fiambalá. La única finalidad es lograr la administración municipal", remarcaron.
En la Cámara de Diputados, el diputado Hugo Ávila presentó un pedido de informes respecto de este acuerdo, para que se detalle quién será el expropiante y contra quién va dirigida la acción de expropiación, quién administrará el complejo y bajo qué criterios económicos y culturales, saber si podrá el expropiante ceder a un particular el complejo una vez expropiado y si se estudiaron los aspectos culturales y patrimoniales del complejo termal.
Para Ávila, "la puesta en valor del complejo solo permitirá que accedan a él aquellas personas que cuenten con altos ingresos económicos y visiten temporalmente Fiambalá, pero será inaccesible para los pobladores y los muchos catamarqueños que disfrutan de las termas".
"Esta es la real intención de la intendenta Roxana Paulón, del Gobierno y de sus socios comerciales que construyen un emprendimiento hotelero en Fiambalá. Sepan los fiambalenses que a partir de la puesta en marcha de esta acción nunca más podrán ingresar al complejo a no ser que cuenten con los ingresos y las remuneraciones en dólares que maneja el turismo internacional. Por otro lado, sepan también que, tarde o temprano el complejo pasara a manos privadas", cuestionó Ávila.
Error del municipio
Por su parte, el abogado Gastón Del Pino, consideró que el Gobierno de la Provincia no debería gastar en una expropiación por un error de la Municipalidad. En tal sentido, explicó que el municipio cometió un error "grave" al iniciar prescripción adquisitiva administrativa, "ya que es un procedimiento especial, la cual fue opuesta por un titular dominial inscripto". "El camino correcto debe ser la acción de prescripción adquisitiva ordinaria, lo cual no se interpuso debidamente", explicó.
"La Provincia no debe erogar fondos del erario público en una expropiación por un error interno. La Municipalidad debe culminar sus instancias legales pertinentes.
Pero estas desprolijidades e incapacidades técnicas internas en solucionar dicho conflicto legal, detonaron otros interrogantes: el estado actual de las termas, su administración y el destino de los fondos", señaló.
Del Pino enumeró una serie de falencias en el Complejo y aseguró que en los seis años de gestión de Paulón "demostraron un estado de abandono". También cuestionó que los ingresos de las Termas "se destinaron a gastos corrientes de la Municipalidad de Fiambalá, sin el control y el destino correcto al desarrollo de su propio funcionamiento".
"Existe una ordenanza que obliga a la reinversión de un porcentaje de dichos montos en el propio complejo, situación inexistente. No me cabe dudas que las Termas deben pertenecer al pueblo de Fiambalá, pero tampoco cabe dudas de que hoy están en manos de un Estado Municipal mediocre que carece de la capacidad y la experiencia de poder lograr un atractivo turístico", opinó.
Más planteos por el proyecto oficial
El diputado radical José "Chichi" Sosa se sumó a los cuestionamientos respecto de la propuesta oficial. En tal sentido, expresó su preocupación y advirtió "sobre la impunidad con que se maneja el gobernador Raúl Jalil y el atropello que realiza constantemente con sus acciones desde el Estado provincial".
"En este caso la noticia de su interés sobre las Termas de Fiambalá y la complicidad de su intendenta no hace otra cosa de generar grandes sospechas de cuál será su verdadero fin. El avance sobre todas las instituciones legislativas, judiciales y sobre los municipios muestra como ejecuta un plan de sometimiento en beneficio propio y de sus asociados", cuestionó Sosa.
"Las Termas son un atractivo turístico internacional y un orgullo para los fiambalenses; por ello cualquier acción que se quiera resolver merece un debate y participación de los ciudadanos", agregó.
También la concejal de Fiambalá, Sonia Díaz (UCR) se expresó en contra de la iniciativa anunciada esta semana por el municipio y la Provincia.
