Ayer se realizó de manera virtual, la audiencia pública con el propósito de analizar el pedido de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) solicitado por la empresa EC SAPEM. A diferencia de la audiencia pública por el incremento del agua, en esta hubo mayor participación y más cantidad de voces que consideraron que este no es el momento para que el Gobierno realice un aumento de luz.
La primera exposición estuvo a cargo de la empresa EC SAPEM. En representación de la empresa estuvieron Edgardo Salas y la consultora Quantum, que en base a estudios y análisis presentados durante la audiencia argumentó la necesidad de una actualización del VAD, ya que la última data de noviembre de 2018.
"Esta situación hace que se vean muy desfasado los ingresos y esos son los únicos con los que cuentan la empresa distribuidora. El VAD incluye costos de desarrollo e inversión en las redes".
Salas explicó que la tarifa tiene tres componentes: el costo de compra de la energía al mercado eléctrico mayorista (57% de la factura, incluido el transporte), los impuestos que representa un 26% y el Valor de distribución es de un 17%, que corresponde al ingreso propio de la distribuidora.
La consultora contratada por la empresa se refirió a la fórmula polinómica que propone actualizar. "Pasaron cinco semestres con un VAD desactualizado", expresó el referente de la empresa.
En ese marco, ratificó que los incrementos van desde el 22% al 39% y el 88% de la masa de consumidores son residenciales.
Según la propuesta presentada, la actualización del VAD implicaría un aumento que, trasladado a la tarifa de usuario final de la categoría residencial con un consumo medio, sería del 36% en promedio.
En segundo lugar expuso la consultora Sigla SA, firma contratada por el En.Re, que propuso una actualización que implicaría un aumento, para el mismo tipo de usuario anterior, del 39%.
La Federación de Trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza celebró la actualización tarifaria, acompañó el incremento del VAD y se pronunció a favor de la implementación de una tarifa social.
Claudio Bulacio, en representación de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, sostuvo que no hay actividad sustentable sino se reconocen los costos. Además, señaló que en otras distribuidoras del país el VAD representa un 29% de la factura.
Fuerte oposición en la audiencia
“Se cae en una falsedad ideológica”, sostuvo el coordinador del Instituto Moisés Lebenshon en Catamarca, Alfredo Marchioli, quien participó de la audiencia pública y rechazó el incremento que se pretende en la tarifa energética por parte de la empresa estatal Energía Catamarca Sapem al considerar que no se trata de un problema de financiamiento, sino de quién pagará el Valor Agregado a la Distribución (VAD).
Consideró que existe una falta de coherencia, injusticia y desigualdad por parte del Gobierno provincial y la empresa, Marchioli argumentó que “mientras muchos se rasgan las vestiduras hablando de accesibilidad y sustentabilidad de la cuestión social y de la pobreza, se impulsa incrementar el VAD en más de un 50%, cuando la variación salarial en el mismo periodo fue solo del 32%”.
“Proponen que todos los catamarqueños y catamarqueñas paguemos el incremento cuando se profundizaron las malas condiciones socioeconómicas y se genera una situación violenta e inmoral para todos y todas”, precisó Marchioli y preguntó al Gobierno y a la empresa si es realmente el momento, cuando “la misma Provincia sale a auxiliar a industrias, comercios, Pymes y ATP a sanatorios por la situación que estamos atravesando”. En este punto, enfatizó: “No seamos hipócritas” y dirigiéndose también al Gremio que nuclea a los trabajadores de la energía, aseguró que “no hay ninguna fuente laboral en riesgo”.
El abogado Carlos María Rosales Vera dijo también que la calidad del servicio que presta la EC SAPEM no justifica el incremento. "Uno puede entender el incremento de los costos, pero no quedan dudas de la pésima calidad del servicio, pretenden incrementar el VAD, y no hay inversiones. Hay lugares donde la energía no llega , hay mala atención al público. Vivimos una estafa", sostuvo.
Luego, fue el turno del diputado Genaro Contreras (bloque UCR). "Debo decir que se eligió el momento más complejo, los usuarios avizoran un año más de completa incertidumbre. Los intendentes, en el norte de Belén, dicen que la gente les pide ayuda para el pago de la boleta de la luz", expresó.
"Antes de exigir un incremento hay que lograr que llegue a sectores que no tienen el servicio y que se les asegure el derecho de contar con un servicio de calidad", añadió.
El diputado Luis Lobo Vergara cuestionó la deuda que la EC SAPEM tiene con la mayorista CAMMESA.
"El incremento debería ser automático, pero se cuestiona la oportunidad. Entiendo que el gobierno está realizando esfuerzos para atender la crisis que algunos acosa y a otros está asfixiando", sostuvo.
Lobo Vergara mostró la última factura de pago de abril a CAMMESsA y señaló que se paga el 75% de la factura. En este sentido apuntó que se deja pendiente una deuda de $ 79 millones "al peor usurero", indicó en alusión a los intereses que cobra la mayorista.
También manifestó que la deuda de la empresa EC SAPEM con CAMMESA al 30 de septiembre del año pasado era de $ 1. 195 millones de pesos.
"Brego para que los 146 mil usuarios no tengan que afrontar un nuevo incremento en los servicios cuando sabemos la situación en la que nos encontramos", indicó.
A su turno, el senador Raúl Barot dijo que el Gobierno está realizando gestiones para pagar la deuda con CAMMESA y que es una situación por la que atraviesan todas las distribuidoras del país.
