Tal como lo había adelantado El Ancasti, la fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Andalgalá, Marta Nieva, ordenó la liberación de las 10 personas que estaban detenidas por los desmanes ocurridos en las oficinas de Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y en la sede del Partido Justicialista.
Sin embargo, la fcal Nieva estableció un caución real de 300 mil pesos para cada uno de los detenidos como condición para acceder a la libertad. Al cierre de esta edición, ninguno de los detenidos había podido reunir el dinero o los bienes suficientes para cumplir con la condición impuesta por la fiscal.
Desde la Asamblea El Algarrobo, el Partido Obrero y otras organizaciones expresaron su malestar por la medida tomada por Nieva para que los ambientalistas sean liberados al calificarla como "extorsiva" y "totalmente desproporcionada".
Para hacer frente a la caución, los detenidos deben presentar documentación de bienes muebles o inmuebles o en todo caso la suma de dinero solicitada por la Justicia. A partir de ese momento, las autoridades revisan que los bienes no estén prendados o en hipoteca. Una vez corroborada esta situación, las propiedades se anotan en el correspondiente registro público como embargados. En el caso que los bienes no sean del detenido, debe ser la persona titular de éstos quien se debe presentar ante la Justicia poniendo a disposición toda la documentación necesaria.
De acuerdo con lo que pudo saber este diario, algunos familiares y amigos de los detenidos ya habían presentado bienes para hacer frente a la caución y la Fiscalía estaba en el trabajo de revisar que lo presentado no registre ningún inconveniente.
Como ya se informó, el viernes había vencido el plazo para que estas personas continúen en calidad de detenidas y como la fiscal no encontró motivos para solicitar su prisión preventiva, optó por otorgarles la libertad al considerar que con ellos no había ningún riesgo procesal, es decir que entorpezcan la investigación o que se fuguen del lugar. No obstante, estas personas seguirán ligadas a la causa y aún se espera que se realicen más pericias, como las visualizaciones de los celulares que fueron secuestrados en los diferentes allanamientos.
Preocupación oficial
En el Gobierno siguen minuto a minuto lo que ocurre en Andalgalá. El primer mandatario, Raúl Jalil, expresó ayer nuevamente su preocupación por la "falta de operatividad" de la Justicia para permitir la liberación de los asambleístas y sostuvo que el tema debe ser analizado internamente en el Poder Judicial, o bien en la Legislatura provincial, con iniciativas puntuales.
La Asamblea El Algarrobo expresó su malestar por la medida impuesta por la fiscal al sostener que "se trata de una garantía altísima por lo que las personas detenidas se hallan ante un nuevo impedimento legal para obtener la libertad".
"Esto representa una clara tortura también para las familias", indicó en un comunicado a lo que agregó: "Esta medida es extorsiva y da como resultado la falta de acceso real al derecho".
Según la Asamblea, aunque estas personas lograran la libertad bajo caución, "seguirán judicializados".
"Nuestra lucha sigue siendo criminalizada, y no olvidemos que esto sucede por defender el agua", cerró.
Por su parte, el Partido Obrero consideró la caución impuesta como "totalmente desproporcionada" y que "muestra la continuidad de la persecución contra los ambientalistas por parte de un Poder Judicial que viene actuando en favor de las mineras y del Gobierno provincial".
"Hay que recordar que el PJ de Catamarca es querellante en la causa junto a las empresas mineras", resaltaron.
