sábado 27 de junio de 2026
de acuerdo al presupuesto aprobado en diciembre

El Gobierno justificó que el Poder Judicial tuvo un incremento del 37% este año

El Poder Ejecutivo envía hoy el proyecto para aumentar el presupuesto del Poder Judicial. Argumenta que no puede hacerlo, pero deja la definición en la Legislatura.

Por Redacción El Ancasti

El Gobierno enviará a la Legislatura provincial el proyecto para incrementar el presupuesto del Poder Judicial. La iniciativa propone un aumento de $ 594 millones e ingresará hoy por la Cámara de Diputados, que lo tratará el lunes en sesión extraordinaria. Los fundamentos están orientados a que la iniciativa no pase el filtro del Poder Legislativo y que éste sea la caja de resonancia de la tensión política entre el Ejecutivo y la Justicia. El Gobierno argumentó que para este año se dispuso un presupuesto de $ 4.211.683.684 para el Poder Judicial, que significa un incremento del 37%.

El Poder Judicial le reclama al Gobierno que le restituya $ 600 millones que conformaban la partida presupuestaria original. El Gobierno asegura que no está en condiciones por la situación de pandemia y porque la provincia perderá $ 500 millones con los cambios en el Impuesto a las Ganancias.

En los fundamentos del proyecto, se refiere a las presentaciones efectuadas por la Corte de Justicia de Catamarca, mediante notas de fecha 11 de febrero y 18 marzo de 2021, por las que solicitó un incremento presupuestario por la suma de $594.141.575, y recriminó la reducción del presupuesto presentado al Poder Ejecutivo, que diera lugar a la sanción de la Ley Nº5684 de Presupuesto del Sector Público Provincial para el Ejercicio 2021.

El Gobierno respondió que el presupuesto 2021 tiene como eje central disponer de recursos para fortalecer el sistema de salud en todas sus partes, “ya que como Gobierno y ante la pandemia COVID-19, cuya evolución y final resulta incierto, es necesario encontrar estrategias que demandarán meses de trabajo sanitario y una fuerte presencia estatal para atender las necesidades primordiales de los más vulnerables, como así también la asistencia social a productores y comerciantes que se ven principalmente perjudicados por las medidas de aislamiento. Esta política de Estado implica un gran costo económico, que debe afrontar la Provincia con recursos propios”.

Más adelante, el Ejecutivo señala que la actividad económica ha caído un 10% en nuestro país y destaca que la pauta salarial fijada para la provincia es de un 35%.

“Sumado a ello, con la reciente sanción de la Ley Nº27.617, que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, por la cual se dispuso la suba del piso del mínimo no imponible, la provincia de Catamarca pierde de recaudar aproximadamente $ 500.000.000 del régimen de Coparticipación, lo que afecta gravemente a las arcas provinciales y municipales, que en este marco solicitarán mayor ayuda financiera de la Provincia para afrontar el pago de gastos necesarios para atender las necesidades de las poblaciones de cada comuna”. 

Fundamenta que el presupuesto 2021 que se aprobó en la Legislatura dispuso un presupuesto para el Poder Judicial de $ 4.211.683.684 lo que significó un incremento del 37%. “En este sentido, incrementar el presupuesto asignado al Poder Judicial conlleva la reasignación de recursos en la esfera del Estado provincial, ocasionando con ello la disminución en la asignación de recursos a otras áreas y organismos".

Concluye que resulta necesario que los legisladores conozcan la realidad económica de la provincia para que ponderen la iniciativa.

En noviembre del año pasado el gobernador Raúl Jalil elevó al Poder Legislativo el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el Ejercicio Fiscal 2021. La iniciativa contempló un gasto para el año próximo de $ 110.281 millones, lo que representó un incremento del gasto del 121% en relación con el presupuesto 2019, que fue reconducido durante 2020. En el caso del Poder Legislativo el incremento era del 124%. Para el Poder Judicial la mejora era del 128% en comparación con el último proyecto aprobado, que fue para 2019.

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