Distintos grupos de Trabajo de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) realizaron un comunicado repudiando lo ocurrido en Andalgalá, exigiendo la liberación de los detenidos tras los disturbios del sábado pasado. Denuncian “violencia extractivista contra el derecho de los pueblos”.
"Una vez más, los territorios de nuestros pueblos se ven violentados por la voracidad extractivista de empresas extranjeras, en alianza con gobiernos que, en lugar de ejercer su rol de representación popular, asumen como propios los intereses de las corporaciones. Esta vez, los episodios tienen lugar en la ciudad de Andalgalá (Provincia de Catamarca, Argentina), donde su población viene rechazando desde hace más de 15 años el emplazamiento de un proyecto de minería a gran escala (Agua Rica) bajo el poder de la empresa canadiense Yamana Gold, ahora asociada a la transnacional suiza Glencore. En el 2005 tuvo lugar la primera represión, cuando la empresa y el gobierno montaban un escenario presuntamente para informar a la población sobre el proyecto. Luego, el 15 de febrero de 2010, cuando un corte de ruta organizado por los vecinos para impedir el paso de maquinaria de la minera, fue violentamente desalojado y reprimido, con más de un centenar de personas heridas y decenas de hospitalizados”, dice el comunicado.
Se apunta que, desde entonces, se instalaron las marchas pacíficas de los sábados.
“El pasado 10 de abril, la marcha 584 tuvo un aditamento especial: la ciudad estaba ocupada por 300 efectivos de la Gendarmería Nacional y rumores de que la empresa minera intentaría subir maquinaria a la zona de mina. La caminata, que siempre fue pacífica, desbordó la organización y hubo actos materiales de repudio en la oficina de la empresa canadiense. Con hipocresía y cinismo, el Gobierno condenó la ‘violencia’ y, acto seguido, desplegó un amedrentador operativo policíaco, militarizando el territorio, realizando allanamientos violentos e infundados en los domicilios de las familias y detenciones arbitrarias de históricos defensoras y defensores del agua y del Río Andalgalá. La protesta social fue excusada para una feroz escalada no sólo injusta sino ilegítima”, denuncian.
La nota define como un “acto de rebelión popular en defensa de sus territorios, base material y espiritual de sus modos de vida” a lo ocurrido el sábado, rechazando el rotulo de “vandalismo”.
“El tratamiento penal que se pretende dar al levantamiento del pueblo de Andalgalá es absolutamente inconducente para abrir paso a una resolución justa y democrática de un conflicto generado por un proyecto extractivo a gran escala que pretende operar sin la licencia social de sus habitantes, y que constituye una amenaza real y manifiesta contra su territorialidad presente y futura”, indican.
El uso de la fuerza pública en resguardo de exclusivos intereses privados de corporaciones extranjeras es un caso flagrante de malversación del mandato popular y un síntoma grave de las fallas estructurales de nuestros sistemas de gobierno y de administración de justicia. Condenamos enérgicamente este proceder y el tratamiento represivo de la legítima protesta social. Sumamos nuestras voces para exigir al gobierno local que enmiende de inmediato su proceder represivo, el cese de la criminalización, la desmilitarización de la ciudad de Andalgalá y la liberación de los detenidos, para encauzar el conflicto hacia una resolución pacífica y justa que contemple el respeto de la voluntad popular.
Por último, estos grupos hicieron “un llamado urgente a los gobiernos de la región a escuchar el clamor de nuestros pueblos para poner fin al extractivismo y abrir vías democráticas hacia transiciones ecológicamente sustentables, económicamente justas, y políticamente autónomas”.
La nota lleva fecha de 15 de abril de 2021 y lleva las firmas de Grupos de Trabajo CLACSO, Ecología(s) política(s) desde el sur/Abya Yala, Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos, Pensamiento geográfico crítico latinoamericano, Fronteras, regionalización y globalización, Territorialidades en disputa y r-existencias y Estudios críticos del desarrollo rural.
CLACSO es una institución internacional no-gubernamental con status asociativo en la UNESCO, creada en 1967. Actualmente, reúne 736 centros de investigación y posgrado en el campo de las ciencias sociales y las humanidades en 51 países de América Latina y otros continentes.
