viernes 22 de marzo de 2024
la justicia investiga los incidentes del sábado pasado

Los activistas continuarán detenidos y se tensa la situación

Se ordenó la prisión domiciliaria para dos de los detenidos. Reclamos por la libertad de los asambleístas.

Por Redacción El Ancasti

El juez de Control de Garantías de Andalgalá, Rodolfo Cecenarro, confirmó ayer la detención para los 12 asambleístas de Andalgalá en el marco de la investigación por el incendio de las oficinas de la empresa Agua Rica y el ataque a la sede del Partido Justicialista. Mientras continúa la investigación judicial a cargo de la fiscal subrogante Soledad Rodríguez, grupos antimineros organizaron varios reclamos para pedir por la libertad de los detenidos.

Hasta ayer a la tarde las 12 personas que fueron privadas de la libertad fueron indagadas como supuestos autores de los delitos de estrago doloso y violación de domicilio. El juez Cecenarro decidió otorgarles la prisión domiciliaria para Aldo Flores porque tiene 72 años y para Sara Fernández porque en Andalgalá no hay una comisaría para alojar a las mujeres.

Por la situación habían quedado detenidos en una primera etapa Sara Graciela Fernández, Marcos Aldo Flores, Walter Mansilla, Enzo Andrés Brizuela, César Augusto Brizuela, José Matías Paz y Damián Abel. Luego, se confirmó la detención para el músico Jorge Ramos, Eduardo Villagra, Oscar Martiarene y Ailén Saracho. 

Nueva denuncia 
Por otra parte, autoridades de la Asociación Bomberos Voluntarios de Andalgalá realizaron una denuncia contra autores desconocidos porque el sábado de los incidentes se atacó a pedradas el camión autobomba, tal como ocurrió en febrero de 2015.

Tensión 
Por otra parte, los asambleístas realizaron ayer diversos reclamos para reclamar por la libertad de los detenidos. El Partido Obrero junto con otras organizaciones se concentraron en la plaza 25 de Mayo y marcharon hasta la Fiscalía General de calle Junín, donde se realizó una parada, luego regresaron a la plaza donde hubo un acto que contó con la presencia de agrupaciones como MST, CTA y también estuvo el dirigente Walter Arévalo (SOEM).

Pedro Saracho Diamante (PO) expresó que se violaron garantías constitucionales porque las personas que fueron detenidas no tienen antecedentes penales ni representan peligro de fuga.

Además, la Asamblea del Valle instaló una carpa que mantendrán las organizaciones antimineras hasta que se otorgue la libertad de los detenidos. También hubo protestas en Andalgalá, frente a la Fiscalía y en Belén y Santa María para acompañar el reclamo.

En Tinogasta se reportó un incidente ocurrido a las pocas horas del estallido en Andalgalá. Un grupo de cinco personas cortó el ingreso a la ciudad de Tinogasta e impidió el paso de vehículos para una empresa minera radicada en Fiambalá.

El corte se extendió por dos horas y, luego, los vecinos liberaron la ruta.

La tensión social se agudizó ayer cuando un camión del Ejército Argentino circuló por Andalgalá. "El personal militar que aparece en las fotos pertenece al RIM 15 de La Rioja. Van rumbo a Santa María, Catamarca, a replegar un radar y regresarlo a La Rioja.

Pararon en Andalgalá en un kiosco a comprar agua y gaseosa”, señaló el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en su red social.

Situación de la detención

Ayer, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, recibió en su despacho a funcionarios enviados por el gobernador Raúl Jalil, después del pedido que había realizado para resolver la situación de los detenidos ya que la comisaría de Andalgalá no cuenta con condiciones para el alojamiento. 

Los funcionarios se reunieron con los detenidos y también se hizo entrega de colchones y frazadas, y se atendió el reclamo de no alojar más personas en ese espacio ya que es pequeño. Acordaron también el respeto de las garantías constitucionales en los allanamientos ante los reclamos de los familiares por el modo de proceder de los grupos especiales. En la reunión participaron la representante del Centro de Acceso a la Justicia, Ana Raduzki, el secretario de Seguridad, Martín Miranda, el secretario del Interior, Nicolás Verón, el director de Derechos Humanos de la Provincia, Hernán Velárdez Vaca, entre otros.

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