El Tribunal de Disciplina de la UCR integrado por Pablo Jalile, Alfonso Paredes y Ramón Jorge Mourkazel decidieron sancionar a las mujeres que elevaron una nota para solicitar que no se oficialice la candidatura de Roberto Gómez, quien aspiraba a conducir el Comité Capital, porque tiene pendiente en la Justicia una denuncia por abuso sexual. El Tribunal primero quiso suspender la asunción de manera provisoria y debió dar marcha atrás. Ahora, con la resolución definitiva, las suspende por cinco meses en el ejercicio de los cargos partidarios para los que fueron electas y proclamadas. Según la Carta Orgánica esta resolución es inapelable y solo le queda la vía de la Justicia.
La medida afecta a Gabriela Nieva Larcher, secretaria del Comité Provincia, Natalia Herrera, vicepresidenta segunda del Comité Provincia, María Luisa Moreno, secretaria titular del Comité Capital, Claudia Vera, delegada al Comité Nacional, Jessica Nieto, convencional por la Capital, Vilma Canceco, secretaria del Comité Provincia y Gabriela Lobo Vergara, vicepresidenta de la Juventud del Comité Provincia.
En los fundamentos, el Tribunal de Conducta consideró que las siete mujeres radicales lesionaron el honor del médico Roberto Gómez, pese a que solo realizaron un planteo objetivo: la existencia de una denuncia en la Justicia.
En este sentido, el Tribunal consideró que es competente para "proteger de manera efectiva el derecho al honor, a la honra y a la reputación de afiliados perjudicados por conductas reñidas con lo establecido por la Carta Orgánica, que también constituye uno de los derechos propios de nuestro Estado democrático y hace a la vida partidaria, en particular".
"Nuestra norma (por la Carta Orgánica) establece un estándar de conducta al cual los afiliados deben ajustar su conducta y con ella el modo en el que se dirigen al resto de los correligionarios", expresa en otro párrafo al cuestionar el planteo de las mujeres.
La decisión del Tribunal de Disciplina es inapelable porque la Carta Orgánica establece que será revisable por la Convención si la sanción supera los seis meses.
Ante la nueva embestida del Tribunal de Disciplina, las siete mujeres ratificaron su postura a través de un documento.
"En un fallo sin precedentes en la historia del radicalismo local y nacional, dicho órgano avanzó aplicando sobre nosotras una sanción temeraria y atentatoria en contra de la libertad de pensamiento político, en una clara maniobra de disciplinamiento, pergeñada a partir de una solicitud oportunamente presentada por nosotras ante la Junta Electoral, en la que pedíamos no se acepte la candidatura de Roberto Gómez hasta tanto se expida la justicia en el marco del proceso penal por abuso sexual que sobre él pesa".
¿Qué podíamos esperar de un Tribunal de Disciplina amañado y carente de imparcialidad -teniendo en cuenta que uno de sus integrantes es empleado de Gómez y que su Vice presidenta está emparentada en forma directa con él? ¿Qué otro resultado podíamos esperar de un Tribunal de Disciplina carente de idoneidad para desempeñarse en tamaña responsabilidad, donde se pone en juego el juzgamiento de la conducta de otros radicales?", indicaron a través del documento.
"Conocíamos los resultados de antemano, pues a todas luces propias y extrañas entendían que estábamos en el centro de un engranaje persecutorio, de avasallamiento y de silenciamiento frente a una postura política que tomó la demanda social -que encarnamos desde nuestra militancia- y que plantea que ningún ciudadano con causas penales debería acceder a espacios de representación pública, pues ello justamente implica nada más ni nada menos que investir de poder a personas que no dudan en hacer uso de sus influencias para menoscabar el sufrimiento de las víctimas".
Las mujeres ratificaron que se trata de un caso de violencia política y analizaban anoche los pasos a seguir, ya que podrían apelar la resolución del partido en la Justicia. n