El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli adoptó una decisión que podría ser clave para el desenlace de la investigación por las visitas a la Quinta de Olivos durante la etapa más estricta del aislamiento social dispuesto por el Gobierno ante la pandemia por COVOD-19. En las últimas horas resolvió "correrle vista" a todas las partes involucradas en la investigación para que se pronuncien sobre el planteo de extinción de la causa formulado por el presidente, Alberto Fernández.
Esto significa que todas las partes deberán opinar sobre el pedido del jefe del Estado, técnicamente una "excepción de falta de acción" que podría conducir al final de la causa por "inexistencia de delito". Al inicio de la investigación, Alberto Fernández se presentó como su propio abogado ante el juez Sebastián Casanello, por entonces a cargo de la causa, y mediante un escrito pidió su sobreseimiento por entender que la celebración del cumpleaños de su mujer Fabiola Yáñez en Olivos, no implicó la comisión de un delito.
"Vengo a interponer excepción de falta de acción por inexistencia manifiesta de tipicidad, a fin de que se haga lugar a la presente y, en consecuencia, dicte mi sobreseimiento", le pidió el presidente al juez. Según aquel escrito, "la conducta enrostrada no encuadra en una figura jurídico penal sustantiva alguna", por lo que reclamó el fin de la causa "declarando en consecuencia que el proceso no afecta el buen nombre y honor".
"Sin que estas manifestaciones dejen de lado el compromiso ético que pudo verse cuestionado al momento de evaluar la posible transgresión de normas sanitarias, cabe destacar que nunca fue motivo del encuentro propagar de ningún modo la pandemia que nos acosa", afirmó. Las partes son el resto de los imputados y la fiscalía, puesto que en el expediente no hay querella e incluso una asociación civil no fue aceptada.
