La jueza de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, presentó su renuncia al cargo a partir del próximo 1 de noviembre, según publicó oficialmente el Centro de Información Judicial (CIJ). Era la única mujer en la actual conformación del máximo tribunal, y superó los 75 años de edad, tope fijado por la Constitución Nacional reformada en 1994 para ejercer la magistratura.
Continuaba en el cargo gracias a una medida cautelar dictada por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y consentida por el gobierno de Mauricio Macri.
La renuncia fue con una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, fechada el pasado 30 de septiembre. Ese día se produjo la votación dentro de la Corte en la que Horacio Rosatti fue ungido como nuevo presidente del máximo tribunal, pero la jueza no participó.
Según se supo, Highton de Nolasco quedó ofuscada por el procedimiento y por la decisión de sus colegas de desoír su pedido para que se postergara la votación, habida cuenta de que su colega y aspirante también a la presidencia, Ricardo Lorenzetti, estaba participando de un foro internacional y se había excusado de intervenir en el Acuerdo Extraordinario. Hasta ese día, Highton ejerció la vicepresidencia de la Corte, cargo del que fue desplazada por su colega Carlos Rosenkrantz.
Su permanencia en el cargo le valió no sólo cuestionamientos internos en el Poder Judicial sino también una causa penal en la que está denunciada junto con Rosenkrantz; el exministro de Justicia durante el gobierno de Cambiemos, Germán Garavano, y el exasesor presidencial en material judicial del expresidente Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, hoy prófugo de la Argentina y residiendo en Uruguay. La denuncia fue presentada por la Asociación Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales, una organización encabezada por los abogados Federico Gustavo Méndez y Pablo Gastón Llopart.
Pese al hermetismo en su vocalía, fuentes de la Corte explicaron que en la decisión de Highton de Nolasco influyeron no sólo esos cuestionamientos sino también un pedido familiar a raíz de situaciones privadas.
Propuesta
La renuncia deja una vacante y el nombre para su reemplazo tendrá que ser elegido por el presidente Fernández y aprobado por el Senado con una mayoría especial que el oficialismo por el momento no tiene. El Ejecutivo tiene un "plazo máximo de 30 días" para publicar el nombre de la persona en consideración para el cargo, y luego se abre una instancia de 15 días para presentar ante el Ministerio de Justicia apoyos o impugnaciones.
Concluido ese período se abre un nuevo plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo decida si eleva o no el pliego al Senado y, en caso de que lo envíe, la Comisión de Acuerdos deberá activar el mismo procedimiento: publicación del nombre del candidato y sus antecedentes y un plazo de 15 días para recibir observaciones. Para su aprobación en el recinto se requiere de una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, un total de 48 votos si asisten los 72 senadores. Hoy el oficialismo tiene 41 bancas.n
